La Cámara de Diputados italiana, con mayoría oficialista, aprobó ayer un proyecto de ley de “ausencia justificada”, que autoriza al jefe de gobierno y a sus ministros a no presentarse en procesos iniciados en su contra, aun sin autorización del magistrado respectivo, “con el fin de consentirles un sereno desarrollo de sus funciones”. El proyecto de ley, objeto de una fuerte batalla política, fue aprobado por 316 votos a favor, 239 en contra y 40 abstenciones. La iniciativa que ahora será tratada en la Cámara alta, donde los conservadores de Berlusconi disponen de una cómoda mayoría, consta de sólo dos artículos.

Si la ley es ratificada por el Senado, los jueces se verán obligados a aplazar las audiencias de los dos procesos a Silvio Berlusconi (foto) por fraude y corrupción en Milán. Hasta ahora, el juez decidía caso por caso si otorgar o no el “legítimo impedimento” para fijar la fecha de las audiencias. El primer ministro Berlusconi logra de este modo un respiro ante el acoso que le significan los numerosos procesos judiciales en que es investigado. El líder de la oposición, Pierluigi Bersani, usó tonos inusualmente duros para explicar el voto contrario de su grupo. “Hasta hoy, un primer ministro imputado que no se presentaba a un proceso debía justificar la razón. Desde mañana puede no ir al tribunal porque debe trabajar serenamente”, señaló.

“La realidad –agregó Bersani– es que Berlusconi no quiere ser procesado y entre tanto deja el país encallado, bloqueado en su choque con la Justicia. Estos atajos a medida generan en muchos italianos indignación.” Los diputados de Italia de los Valores (IDV) se manifestaron mostrando carteles con consignas como “justicia negada, Constitución violada” y “casta de intocables”. “Esta es una ley fascista”, sostuvo al cabo de la votación Antonio Di Pietro, ex fiscal anticorrupción y actual jefe de IDV, quien agregó que “sólo en un país bárbaro y dictatorial se puede imaginar que un premier se haga una ley especial para no hacerse procesar”.

Esta ley, que fue aprobada en junio de 2008 por el Parlamento en cuanto norma ordinaria, fue impugnada en octubre de 2009 por la Corte Constitucional, que falló que para tratar este tipo de materia era necesaria una ley constitucional, lo que obligó a la mayoría a iniciar un nuevo trámite legislativo para lograr aprobarla según este modelo normativo. De este modo, por lo tanto, el “impedimento legítimo” servirá como instrumento legal para que Berlusconi no tenga que presentarse en las audiencias de los procesos en curso en los que está imputado, logrando así su aplazamiento.