La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió ayer al nuevo presidente hondureño Porfirio Lobo que revise la amnistía que aprobó el mismo día de su asunción. El organismo con sede en Costa Rica y adscripto a la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionó el texto que protege a los responsables de algunos delitos políticos y comunes vinculados con el golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya el 28 de junio pasado. Lo acusó de ser ambiguo, especialmente, al referirse al delito de terrorismo. “En la práctica, la aplicación de leyes de amnistía ha obstruido el esclarecimiento, enjuiciamiento y sanción de los responsables por graves violaciones a los derechos humanos, dejándolas en la impunidad”, advirtió la CIDH, a través de un comunicado.

La amnistía aprobada por el Congreso hondureño el mismo día de la asunción de Lobo y promulgada por él apenas minutos después de recibir la banda presidencial destaca tres tipos de delitos que quedan excluidos: los relacionados con casos de corrupción, los de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, entre los que sí incluye se encuentran algunos que, interpretados de forma generosa, podrían utilizarse en casos de represión y hasta terrorismo de Estado: los delitos contra los derechos garantizados por la Constitución, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y terrorismo.

“Es abstracta la inclusión de la figura de abuso de autoridad sin indicar su alcance”, citó como un ejemplo la CIDH. Por eso, el organismo, que pertenece al andamiaje institucional de la OEA pero es autónomo, reclamó una reformulación de la amnistía hondureña para evitar la impunidad en el pequeño país centroamericano. “Una ley de amnistía no puede servir de justificación para no cumplir el deber de investigar y de asegurar acceso a la justicia”, recordó.

Al cierre de esta edición, el presidente Lobo y sus funcionarios habían evitado responder. Sin embargo, los diarios locales estimaban que el tema había quedado dentro de la agenda de la reunión que mantuvo ayer por la tarde Lobo y una misión técnica de la OEA en la casa presidencial en Tegucigalpa. El secretario de Asuntos Políticos, Víctor Rico, el representante de la OEA en Honduras Jorge Miranda y la enviada del Departamento de Sustentabilidad Democrática Claudia Barrientos se sentaron para discutir cómo funcionará la comisión de la verdad, que deberá investigar los sucesos que llevaron al golpe y los que le siguieron.

Desde Tegucigalpa los medios adictos al golpe habían anunciado que el ex vicepresidente guatemalteco, Eduardo Stein, sería el representante extranjero de la comisión. El ex número dos de Oscar Berger viajará hoy a la capital hondureña para confirmar su participación. Mientras tanto, Lobo aún debe designar a referentes de todo el arco político local, inclusive dirigentes zelayistas. La resistencia no sólo adelantó que no participará, sino que ya convocó la primera manifestación masiva bajo el gobierno de Lobo. Según informó el dirigente sindical Juan Barahona, el próximo domingo 14 marcharán en solidaridad con los docentes, que reclaman el pago de los sueldos atrasados.

Pero aun si Lobo no consigue convencer a los zelayistas de que participen de la comisión, a los ojos de sus aliados es el esfuerzo lo que vale. “Crear la comisión de la verdad es un paso muy positivo en el acercamiento de Honduras a la comunidad internacional”, señaló el embajador norteamericano en Tegucigalpa, Hugo Llorens.