Coacciones, asesinatos y persecución. Una misión internacional de observación electoral que agrupa a ONG del mundo alertó sobre estos tres delitos que atentan contra la transparencia de las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia, fijadas para marzo y mayo de este año.

La directora de la ONG Programa de las Américas para el Centro de Política Internacional, Laura Carlsen, con sede en México, señaló que durante la gira los integrantes de la misión escucharon de las personas entrevistadas que los candidatos de los partidos del gobierno de Alvaro Uribe utilizan los subsidios para coaccionar el voto. “Aspirantes a la Cámara y el Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios, en las que se ha señalado que si no votan por ellos y por el candidato a la presidencia por el Partido de la U los subsidios que reciben del presidente se acabarán”, señala el documento.

“Llegan a los barrios pobres y le dicen a la gente que si no votan por el partido del gobierno se puede acabar con los subsidios, y como muchos viven con estos subsidios es una amenaza que no es justa y que tiene mucho impacto”, dijo Carlsen.

Además del Partido Social de la Unidad Nacional, o de “la U”, constituyen la coalición gubernamental el Partido Conservador, Alas Colombia y Convergencia Ciudadana. Hasta ahora no se conoce quién será el candidato oficialista para las presidenciales del 30 de mayo, porque la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado sobre un referéndum con vistas a enmendar la Carta Magna para permitir a Uribe ser candidato de nuevo.

La coacción a los votantes no es el único delito electoral que pone en peligro la transparencia de los comicios legislativos del 14 de marzo y los presidenciales del 30 de mayo, según el informe. “Las amenazas de grupos armados constituyen un factor de riesgo para un proceso electoral pleno y con completa libertad”, dijo la experta.

La misión de observación electoral, liderada por la ONG estadounidense Global Exchange e integrada por organizaciones no gubernamentales de Alemania, Canadá, México, Nicaragua, Panamá y el Reino Unidos, visitó los departamentos de Córdoba, Antioquia (noroeste), Santander (noreste) y Valle del Cauca (suroeste).

El documento presentado ayer expresa preocupación por la posibilidad de asesinatos de personas implicadas en el proceso electoral y la persecución de líderes comunitarios y resalta que el miedo está presente en todas las esferas de la sociedad colombiana. En este sentido, Gimena Sánchez, de la ONG estadounidense Wola, puso como ejemplo el caso de Buenaventura (Valle del Cauca), donde, según dijo, están haciendo desaparecer personas para bajar los índices de homicidio y sacarlos así de las estadísticas de violencia electoral. “Periodistas independientes llamaron la atención del equipo sobre las amenazas contra su vida y las presiones de que son objeto cuando realizan denuncias sobre delitos electorales”, afirmó la misión.

Otra preocupación es la participación en política de funcionarios públicos que buscan favorecer a determinados candidatos e incluso se ha denunciado que desde la administración “se pagan equipos de proselitismo y asesores de campaña”. Denunciaron asimismo el “testaferrato electoral”, por el que estructuras políticas “seriamente cuestionadas” buscan perpetuarse “mediante el cambio de nombres de partidos o liderazgos familiares que si no son ilegales llevan implícito un profundo sentido de ilegitimidad”. Si bien el informe final se dará a conocer el 7 de marzo, una semana antes de las legislativas, la misión recomendó a las autoridades tomar medidas frente a todos estos delitos electorales.