Desde que Alvaro Uribe asumió el mando de Colombia, el pasado 7 de agosto, orientó su política en lograr un Estado “fuerte”, capaz de garantizar la seguridad interior. Pero la organización de derechos humanos, Amnistía Internacional (AI), ayer presentó su informe anual en Bogotá en el que pone bajo la lupa el programa de seguridad democrática del gobierno. “Muchas de las medidas adoptadas en pos de garantizar mayor seguridad no son dirigidas en contra de los grupos armados ilegales sino de la mayoría de los colombianos, cuyos derechos se ven recortados y cuya seguridad ante el abuso de poder y la arbitrariedad es socavada”, dijo el director internacional de estrategia de AI, Jaime Zúñiga. Amnistía advirtió sobre la gravedad de ese problema en los 29 municipios de las llamadas zonas de rehabilitación, creadas en septiembre y que dan mayores poderes a las fuerzas militares. Otro tema es el debilitamiento de las instituciones como la Fiscalía General, las defensorías del Pueblo y la Corte Constitucional. Amnistía cuestionó la red de informantes civiles que propone el gobierno y el reclutamiento de 150.000 campesinos.