El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recibirá hoy al gobernador en ejercicio de Brasilia, Paulo Octavio, quien quedó a cargo de la capital tras el arresto por corrupción del dirigente conservador José Arruda (foto), el jueves pasado. Luego de que la Justicia negara el pedido de hábeas corpus presentado por el funcionario, las voces en favor de su renuncia se suman en la Legislatura local, mientras que aún se espera la decisión final del Supremo Tribunal Federal sobre su libertad.

La crisis política reinante en Brasilia mantiene en vilo a la dirigencia nacional. Mientras el funcionario Arruda sigue alojado en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal, nuevas investigaciones habrían encontrado otras pruebas contra el mandatario, complicando aún más su situación legal. Las mismas no sólo incriminarían a Arruda. Su vicegobernador y actual gobernante interino, también estaría involucrado en los hechos de corrupción luego de que se constatara que varias empresas a su nombre recibieron cerca de seis millones de dólares en contratos del gobierno, según publicó ayer el diario Folha de Sao Paulo.

“La situación de Octavio es muy delicada, él era socio de Arruda, no tiene autoridad para gobernar. Brasilia ha caído en la anomia”, opinó el politólogo Octaciano Nogueira, catedrático de la Universidad de Brasilia. “Nunca se vio a la capital de la república en una situación igual. Esta es una situación política inédita, esto puede terminar en la intervención federal”, reconoció el experto al ser abordado con preguntas sobre el tema.

Lo cierto es que en estos días la iniciativa de juicio político contra Arruda tomó fuerza. Según revelaron medios locales, la medida cuenta con mayoría en el Congreso de Brasilia, mientras que ya son varios los legisladores que piden por la renuncia del funcionario. “El mensaje sobre su situación ya fue dado a Arruda. La Legislatura no puede permanecer inerte sin darle una sanción. Espero que tenga sentido común y renuncie”, dijo Wilson Lima, representante del Partido Republicano en la Legislatura de la capital. “Yo prefiero un juicio político, antes que la intervención federal”, señaló.

En tanto, Raimundo Ribeiro, diputado estadual del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), se sumó a los pedidos de dimisión. “Arruda tiene un pequeño plazo para no perder sus derechos políticos. Debe renunciar”, destacó el representante del PSDB y ex integrante de la coalición que conducía Arruda hasta hace tres meses.

El alejamiento de Ribeiro, como el de muchos de los seguidores del gobernante, comenzó el 27 de noviembre pasado, cuando un canal de televisión local mostró un video del funcionario y varios de sus asesores llenándose los calzoncillos y medias con fajos de dinero. La cinta había sido filmada por un ex asesor del gobernador, Durval Barbosa, que accedió a colaborar con el Ministerio Público a cambio de una condena reducida. Para empeorar las cosas, semanas atrás, un funcionario cercano al gobernador, Antonio da Silva, fue descubierto in fraganti tratando de sobornar a un periodista para que filtrara información de la cinta.

Así las cosas, se espera que el plenario del Supremo Tribunal Federal (STF) analice hoy el pedido de hábeas corpus interpuesto por los abogados del mandatario brasiliense, quien aún sueña con la liberación.