El gobierno chileno reabrirá la investigación sobre violaciones a los derechos humanos durante su última dictadura militar (1973-1990). La Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, conocida como Comisión Valech, reanudará sus funciones por última vez a partir de mañana, tras cinco años de inactividad. Además de investigar casos de prisión política y tortura, la nueva comisión ampliará su campo de trabajo a denuncias por desaparición forzada y ejecución política. Se espera que unos 7000 casos de torturados que no pudieron ser acreditados en 2005 vuelvan a presentarse y la denuncia de entre 200 y 300 nuevos casos de ejecuciones.

Tal como lo hicieron la Comisión Retting en la década del 90 y la pasada Comisión Valech en el 2000, durante los próximos seis meses, la reciente iniciativa del gobierno recopilará las denuncias de nuevos casos de violaciones a los derechos humanos correspondientes al período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. También podrán presentar su testimonio quienes lo hicieron en las anteriores comisiones y no fueron calificados, siempre que aporten nuevos antecedentes, precisó ayer el ministro general de la presidencia, José Antonio Viera Gallo.

“De ahora en adelante, las personas que tengan los requisitos pueden acercarse para dar a conocer su situación y ver si califican para recibir los beneficios que establece la ley”, señaló Viera Gallo tras enumerar las múltiples reparaciones a los damnificados, entre las que se incluyen pensiones, beneficios educacionales y de salud. Los declarantes conocerán los requisitos para su calificación a través de una ficha disponible en el sitio web y en las oficinas del Registro Civil, previa solicitud de turno en un 0-800 destinado a tal misión, aseguró.

La reapertura de la comisión se inscribe en el marco de la ley sancionada el 24 noviembre pasado por el Ejecutivo chileno, en el cual la mandataria Michelle Bachelet autorizó la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la vez el funcionamiento de una comisión asesora para recibir testimonios. El instituto, que aún espera su puesta en funcionamiento en la primera quincena de marzo, fue presentado como un organismo independiente de la autoridad del Estado destinado a prevenir, informar, denunciar y accionar contra situaciones que afecten los derechos humanos.

Compuesto por un consejo de once miembros, puede impulsar acciones legales ante los tribunales de justicia, aunque no permite iniciar querellas por atentados a los derechos humanos con anterioridad a su existencia.

En 1991 –un año después del fin del régimen militar– la Comisión Rettig registró en 3197 las víctimas oficiales, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura de Pinochet, mientras que en 2003 la Comisión Valech certificó por medio del relato de las víctimas que aproximadamente 28.000 chilenos fueron torturados. Cinco años más tarde, la nueva comisión buscará completar el escenario de denuncias aún vigente en el país trasandino, con un equipo de abogados, asistentes sociales y psicólogos a cargo de la delegada presidencial de derechos humanos María Luisa Sepúlveda y el obispo católico Sergio Valech. El ex ministro de Justicia y actual senador del Partido Social Demócrata José Antonio Gómez será el otro de los que integrantes de la nueva comisión.

Distintos grupos de derechos humanos se han mostrado escépticos respecto del futuro que tendrán las políticas de gobierno, a partir de la nueva administración del conservador Sebastián Piñera, a iniciarse el 11 de marzo próximo. En este contexto, la delegada en derechos humanos emitió señales tranquilizadoras en declaraciones hechas ayer al diario El Mercurio. “El curso de las iniciativas reparadoras no debería cambiar con el próximo Ejecutivo. El país ha avanzado enormemente en este ámbito y están dadas todas las condiciones para que no volvamos atrás”, dijo esperanzada Sepúlveda.