Una orden militar israelí permitirá apresar o deportar a todo palestino residente en el territorio ocupado de Cisjordania que no tenga permiso emitido por Israel, según denunciaron varias ONG israelíes, entre ellas Hamoked. El dirigente palestino Nabil Sha’ath calificó la orden de “la peor medida racista” adoptada por Tel Aviv.

La nueva orden define a cualquiera que entre a Cisjordania de manera ilegal como infiltrado, esto es, como “una persona que está presente en la zona y no tiene un permiso legal”. Esta disposición lleva la firma del que fuera responsable de la Comandancia Central, con jurisdicción en Cisjordania, Gadi Shammi. Hamoked denunció que la disposición no ha sido publicitada entre la población palestina como sería deseable.

El dirigente Sha’ath mostró indignación. “La medida permitirá, por ejemplo, que el mando militar israelí considere infiltrados a palestinos que vivan pero no hayan nacido en Cisjordania, a niños nacidos en Cisjordania de padres de Gaza y a mujeres de residentes en Cisjordania.”

Sha’ath anunció que la Autoridad Palestina (AP) va a desplegar “una campaña ante la comunidad de naciones” para tratar de frenar en los foros internacionales la medida, revelada ayer por organizaciones humanitarias israelíes. “Es el último y el peor paso de la política racista que practica Israel” desde la ocupación de los territorios palestinos en la Guerra de los Seis Días de 1967, afirmó el miembro del comité de la AP encargado de las negociaciones con el Estado judío. Sha’ath adelantó que entre los interlocutores que su país buscará para contrarrestar la medida israelí figurarán “el mundo árabe y países europeos como Francia y también España”.

Según las diez organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciantes, la nueva ordenanza militar entrará en vigor mañana y su redacción es tan general que teóricamente permitirá las deportaciones masivas de habitantes de Cisjordania, donde viven cerca de tres millones de palestinos.

El jefe negociador palestino, Saeb Erekat, también condenó la medida en un comunicado en el que afirma que “son órdenes militares que pertenecen a un Estado de apartheid” y que suponen “una afrenta a los principios más fundamentales de los derechos humanos”. Para Erekat, las órdenes “convierten a los palestinos en criminales en su propias casas y menoscaban los esfuerzos palestinos para gestionar sus asuntos internos”, además de abrir la puerta a Israel para expulsar a cónyuges de palestinos que sean extranjeros, trabajadores extranjeros, israelíes y a aquellos que participen en manifestaciones por los derechos palestinos.

Las ONG denunciantes, por su parte, han enviado un escrito al Ministerio israelí de Defensa en el que exhortan a retrasar la entrada en vigor de la ordenanza, al entender que convertirá a todos los residentes de Cisjordania en potenciales delincuentes que pueden ser encarcelados hasta siete años o deportados de este territorio.

“Las órdenes cambian la definición de infiltrados y, de hecho, son aplicables a todo el que se encuentre en Cisjordania y no tenga un permiso israelí, aunque no definen qué considera Israel como permiso válido”, declararon las ONG denunciantes en la misiva.

Recordaron que a la gran mayoría de los habitantes de Cisjordania nunca se les ha requerido ningún tipo de permiso para residir allí. También denunciaron que la política será empleada inicialmente con los palestinos que se encuentran en Cisjordania y que Israel quiere transferir a la Franja de Gaza, pese al hecho de que muchos de ellos nacieron en Cisjordania o se asentaron allí de forma legal. La medida asimismo podría afectar a decenas de miles de personas extranjeras casadas con ciudadanos cisjordanos.