Finalmente, no habrá prisión domiciliaria para violadores de los derechos humanos en Uruguay. El presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica, desistió ayer en su idea de impulsar un proyecto de reforma general para otorgar la prisión domiciliaria a todo presidiario mayor de 70 años, anunciado en febrero pasado. La medida –que incluía entre los beneficiados a presos condenados por delitos de lesa humanidad y que sufrió un fuerte rechazo entre sus aliados del Frente Amplio (FA)– fue desestimada ayer por el mandatario en una reunión de más de tres horas con los 50 diputados de la bancada oficialista. Mujica, sin embargo, optó por un discurso conciliador con las Fuerzas Armadas y abogó por un acercamiento entre la izquierda y el sector militar, pidiendo a sus legisladores un “cambio de actitud frente a los garantes de la institucionalidad democrática”.

“No hay proyecto de ley”, declaró el vocero del encuentro y diputado de la coalición oficialista, Aníbal Pereira, a la salida de la reunión convocada para analizar el papel de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno. “El presidente planteó claramente que ese proyecto no lo va a presentar ante el Congreso”, aseguró el legislador, quien destacó además el amplio consenso que hubo en torno de la temática y la importancia de la unidad del partido. Pereira defendió el gesto de Mujica como constructivo. “La decisión del presidente no implica necesariamente una marcha atrás en el tema. Simplemente decidió no imponer su voluntad por sobre el partido”, añadió.

La idea original presentada por el presidente en febrero pasado se enmarcaba en un plan general de descongestionamiento del sistema carcelario, por medio de la liberación o beneficio de la prisión domiciliaria a reclusos septuagenarios, incluidos también los procesados por violaciones a los derechos humanos. Entre ellos se destacaba la presencia del ex general Gregorio Alvarez, hombre fuerte del gobierno de facto, condenado por sus violaciones durante la dictadura militar de 1973 a 1985.

El anuncio del proyecto de ley generó una tormenta en el seno de su partido, mientras que varios dirigentes de derechos humanos también se negaron a apoyar la medida. La insistencia del mandatario en el proyecto parecía destinada a convertirse en el primer gran escollo desde que Mujica asumió la presidencia en marzo pasado, pero el freno impuesto ahora parece calmar las aguas.

Ayer, durante poco más de tres horas, Mujica debatió con la bancada oficialista sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la necesidad de construir políticas de unidad con el sector. “Hay que hacer un gran esfuerzo para contemplar políticas de integración social de las FF.AA. que la izquierda no asume”, dijo el mandatario ante sus ministros, al tiempo que reprochó el escaso apoyo que recibió por parte de sus funcionarios en los actos públicos que encabezó con militares. “La mejor garantía para la democracia es que las Fuerzas Armadas defiendan la institucionalidad. Los cuerpos armados, a la hora de las tensiones sociales, deben defender la estabilidad institucional y no permitir alinearse detrás de aventuras golpistas”, aseguró el presidente en declaraciones posteriores en su nuevo espacio radial Habla el presidente.

El llamamiento de ayer de Mujica a sus legisladores se da en momentos en que la Mesa Política del Frente decidió crear una comisión para consensuar un proyecto único para “eliminar” del ordenamiento jurídico la Ley de Caducidad que amnistió a los represores.