En teoría, el corazón de la huelga que paraliza hace dos semanas y media a Venezuela ahora es ilegal. El Tribunal Supremo de Justicia, el mismo que había decidido anteayer que el gobierno debía dar marcha atrás con la intervención de la Policía Metropolitana de Caracas (en manos del alcalde opositor Alfredo Peña), ordenó ayer al personal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) acatar las instrucciones del gobierno que está intentando desesperadamente retomar el control de las distintas ramas de la empresa. Esto quiere decir que, si los que pararon la empresa no se reintegran, serán condenados por “desacato a la autoridad” a prisión por 18 meses. Luego de conocer este provisorio amparo legal, el presidente Hugo Chávez anunció que lanzará una “limpieza” dentro de la empresa, cuya plana mayor ya fue destituida. La gran incógnita es saber cómo hará el gobierno para hacer funcionar, y no tan sólo tomar el control, a una empresa de la que depende todo el país y que está parada en un 90 por ciento.
Chávez recibió un apoyo explícito del gobierno electo de Brasil y de Chile. Marco Aurelio García, asesor del futuro presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y enviado de éste a Venezuela, se reunió ayer con Chávez en Caracas y declaró después que si hubiera elecciones anticipadas “sería un golpe de Estado”. El presidente chileno Ricardo Lagos señaló ayer que “si porque hay descontento vamos a anticipar elecciones, entonces no estamos en un Estado de derecho”. La oposición reclama la renuncia de Chávez, o la convocatoria a elecciones anticipadas, cuando antes se limitaba a pedir un referéndum consultivo. El gobierno quiere este referéndum, pero cuando lo estipula la Constitución: en agosto próximo. La Coordinadora Democrática fue subiendo sus exigencias a medida que comprobaba el éxito de su medida de fuerza. Hoy sopesará, en las calles de Caracas, cuánta potencia tiene para seguir con la convocatoria a la “segunda toma de Caracas”. La primera había sido el sábado 14 y había reunido a cientos de miles de personas. Ayer fue un día de calma en la presión callejera opositora. De hecho, llamaron en volantes y avisos en los medios a la ciudadanía a “cargar las pilas” para la marcha de hoy.
La presión sobre la economía venezolana se mantenía ayer sin ninguna clase de tregua. Según Juan Vaquero, presidente de Fenegas (que reúne a las concesionarias de distribución de combustible), “el 60 por ciento de las estaciones de servicio están secas”. El desabastecimiento de alimentos básicos empieza a ser generalizado y el ministro de Agricultura, Efrén Andrades, acusó ayer a la corporación empresarial Fedecámaras, una de las principales impulsoras de la huelga, de “generar un desabastecimiento calculado de productos básicos”. Que la situación es muy delicada lo demuestra el hecho de que Venezuela formuló pedidos a Colombia para el suministro de petróleo y alimentos. Sobre los alimentos está trabajando la cámara empresarial colombiana de ese sector. Sobre lo primero, el gobierno colombiano dijo no tener capacidad de refinar más petróleo que para el consumo interno.
Chávez tiene signos positivos respecto de la crisis petrolera, pero no ve por dónde salir de esta crisis. El espaldarazo legal dado por el Tribunal Supremo (la Sala Constitucional, la única donde el chavismo es mayoría) para su intervención en PDVSA se suma al ofrecimiento explícito de apoyo por parte de la OPEP, que en un comunicado dijo ayer que tiene “la voluntad de asistir temporalmente a PDVSA en el suministro de hidrocarburos a sus clientes domésticos e internacionales”. Pero el hecho de que el gobierno haya publicado un aviso pidiendo personal especializado en la industria petrolera muestra hasta qué punto el control de PDVSA no significa su vuelta a la actividad. Las refinerías principales del país, sobre todo la de Paraguaná (el mayor complejo refinero del mundo), siguen paradas. A partir de la decisión del Tribunal Supremo, Chávez tiene las manos libres para hacer su “limpieza”, pero las posibles idas y vueltas judiciales de este fallo, sumadas al hecho de que parece difícil que pueda llevar a la gerencia despedida a volver, a punta de pistola, a operarbarcos y refinerías, transforman la buena noticia para el gobierno en una incógnita sobre su futuro.