El Congreso colombiano, entre la doble presión que representan la popularidad del presidente y los ataques de la guerrilla, aceptó ayer la solicitud formulada por Alvaro Uribe de prorrogar por otro período de 90 días el estado de conmoción interna que rige en el país desde el pasado 12 de agosto. Asimismo el Legislativo aprobó las reformas tributaria, laboral, de pensiones y votó a favor de la convocatoria a un referendo contra la corrupción política en el primer trimestre de 2003. Todo, en el contexto de facultar al gobierno a que abra diálogos de paz con la insurrección.
Uribe dijo ayer agradecido que “lo que ha hecho el Congreso es muy útil para la patria”, al aceptar la prórroga de las medidas adoptadas al amparo del recurso de excepción. El gobierno remitió el martes al Legislativo un informe exponiendo las razones por las cuales consideraba imperiosa la aprobación de su iniciativa, que permitiría al presidente extender hasta mayo próximo el estado de emergencia. “En el último mes los grupos guerrilleros han mostrado su tendencia a ejecutar planes de mayor envergadura contra la Fuerza Pública, la infraestructura económica y objetivos sensibles de la nación”, señala el documento. El ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, reconoció ante el Congreso que, pese a los esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas, aún no se ha podido normalizar el orden público en el territorio colombiano.
Al amparo del estado de conmoción interna, el jefe de Estado creó, entre otros, un impuesto de guerra y entregó a los militares el control de las llamadas zonas de rehabilitación de orden público, donde el Ejército quedó facultado para restringir algunos derechos, en aras de preservar la tranquilidad de sus habitantes. No obstante, la Corte Constitucional -máximo tribunal de Colombia– dejó recientemente sin sustento jurídico las facultades de la policía judicial que el gobierno les había otorgado a los militares apoyado en el marco de excepción.