Desde Medellín

Oscuros detalles sobre las escuchas ilegales a opositores, periodistas y magistrados se siguen conociendo tras un año desde la primera denuncia. Nuevamente es la Casa de Nariño (palacio de gobierno) la señalada de ordenar las conocidas “chuzadas” del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que depende directamente del presidente Alvaro Uribe Vélez. Esta vez seis testigos de la investigación judicial, según publicó la revista Semana, confesaron que altos funcionarios de Uribe recibían los informes de las operaciones clandestinas. Como siempre, Bogotá desmintió esta versión.

A dos semanas de las elecciones presidenciales, la revista entregó testimonios de ex funcionarios del DAS que hoy son los principales testigos y, supuestamente, conocen las razones por las cuales el despacho presidencial ordenó los seguimientos, que incluían a defensores de derechos humanos, entre ellos el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Uno de los testigos fue funcionario de la Subdirección de Análisis del DAS y relató que en 2007 recibió órdenes para “trabajar temas que fueran sensibles para el gobierno”, precisando que “para ese año muchos de los esfuerzos y recursos que se aplicaban para control de ONG, oposición y algunos periodistas se reenfocaron a raíz de la parapolítica”, el otro gran escándalo del gobierno Uribe que mostró cómo los parlamentarios de sus partidos hicieron pactos con narcos y paramilitares. Unos sesenta de ellos están en la cárcel y procesados por supuestos nexos con la mafia. Por las “chuzadas” son dieciocho los ex funcionarios que están siendo procesados por la Justicia, y más de cien fueron despedidos.

El testigo contó a la revista nacional que por instrucción del jefe de contrainteligencia tuvo que averiguar quiénes estaban revelando los detalles de la parapolítica. “Para eso la única forma era ‘trabajar’ a la Corte. Se diseñaron labores de monitoreo de comunicaciones y vigilancia. Se buscaba saber con quién hablaban los magistrados y qué decían los testigos sobre algunos políticos que pudieran salpicar al gobierno”, explica.

El material grabado vía telefónica o incluso en reuniones era destruido después de determinar qué “debía ir a la Casa de Nariño. Yo personalmente, siguiendo instrucciones, entregué datos sobre esos temas” relata el testigo, señalando como receptores a las manos derechas de Uribe, el secretario general, Bernardo Moreno; el jurídico, Edmundo del Castillo; y José Obdulio Gaviria, primo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y asesor del presidente Uribe.

La revista Semana además publicó la macabra historia de cómo se asesinan los agentes del organismo de inteligencia para, aparentemente, acallar los testimonios que están aclarando qué hay detrás del episodio de las escuchas. Durante el Hallowen de 2009, en una fiesta de agentes del DAS, se armó un tiroteo que dejó como resultado dos muertos y varios heridos. “Nuevos testimonios y datos sobre lo que ocurrió esa noche tienden un manto de duda sobre la versión oficial del detective borracho al que en medio de los tragos le dio por asesinar a sus amigos y compañeros”, describe la revista. “Esas muertes tuvieron un efecto intimidatorio dentro de la gran mayoría de detectives del DAS y, paralelamente, terminaron convirténdose en obstáculos de las investigaciones de la Fiscalía sobre las ‘chuzadas’ ilegales de teléfonos”, explican los reporteros.

Al conocerse los artículos periodísticos, la Presidencia de la República negó que esté comprometida en el escándalo y publicó un comunicado donde “rechaza enfáticamente la versión publicada en la revista Semana, en la que supuestos testigos anónimos hacen acusaciones a funcionarios de esta institución”. El gobierno explica que las denuncias forman parte de un complot para restarle crédito en plena campaña electoral. El 30 de mayo son las elecciones presidenciales y el candidato oficialista, Juan Manuel Santos, perdió su primer lugar en las más recientes encuestas, según expertos en parte por las denuncias que enlodan el gobierno Uribe que, para cerrar el capítulo, está presionando al Congreso para que apruebe una ley que liquide el DAS.