Desde Madrid

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial español autorizó ayer la marcha del juez Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional de La Haya, aunque le negó la categoría de “servicios especiales” a su trabajo en el exterior. Luego de una jornada agitada, en la que el organismo que decide sobre la situación del juez recibió informes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo favorables a que se le conceda el permiso para asesorar durante siete meses al fiscal Luis Moreno Ocampo en el TPI, la comisión pudo elaborar el dictamen que le da una salida digna al magistrado, mientras queda pendiente su situación al frente del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional, cargo del que fue suspendido la pasada semana.

Las presiones políticas y mediáticas hicieron mella finalmente en la Comisión Permanente del CGPJ y, a pesar de que los vocales conservadores se oponían a brindarle esta salida a Garzón, el hecho de que no hubiera objeciones legales importantes y que la Cancillería española considerara la misión del juez en el TPI como “de interés nacional” terminó por volcar la balanza a su favor. El matiz, no menor, sobre si se le autorizaba o no que fuera a prestar “servicios especiales” motivó un voto dividido de la comisión –tres a favor, dos en contra– y terminó por imponerse la jurisprudencia española, que sólo permite esa figura legal cuando se trata de magistrados en activo, una situación en la que Garzón ya no se encuentra debido a la suspensión. La vocal progresista Almudena Lastra fue la única que se pronunció a favor de concederle ese beneficio, mientras que el vocal conservador Antonio Dorado emitió un voto particular en contra de la decisión adoptada, ya que a su juicio la Comisión Permanente sólo debía pronunciarse a favor o en contra de la medida y no aplicar un régimen diferente, como terminó haciendo.

Garzón podrá ejercer durante los próximos meses como “consultor externo” del Tribunal Penal Internacional, un trabajo que le permitirá permanecer fuera de España en el momento en que se desarrollan los tres procesos abiertos que cuestionan su permanencia como juez de la Audiencia Nacional. El trabajo en el TPI no le otorga ningún tipo de jurisdicción al magistrado para llevar adelante tareas judiciales, por lo cual la Comisión del CGPJ terminó aceptando su traslado como un modo elegante de garantizarle un exilio digno y apagar de ese modo el escándalo internacional que ha generado su cese al frente del juzgado por haberse atrevido a investigar los crímenes de la dictadura franquista.

Baltasar Garzón escuchó la noticia en Francia, adonde se había trasladado para recibir un premio, por su labor en defensa de los derechos humanos, de la Escuela de Ciencias Políticas de la capital francesa. Ayer el juez fue recibido por la teniente alcalde de París Anne Hidalgo, ocasión que aprovechó para declarar que no se siente perseguido por la Justicia española, advirtiendo que a su juicio “el sistema judicial español es democrático” y aclarando que no piensa “criticarlo, menos fuera de España”. Si existiera una persecución, explicó, “alguien tendría que dar explicaciones” por ello. Garzón defendió ante los periodistas su investigación de los crímenes de la dictadura alegando que “cuando existe una desaparición forzada de personas existe también la obligación de investigarlo”, aunque negó que su suspensión pueda ser equiparada a un “golpe de Estado”, como le sugirió uno de los cronistas presentes en la conferencia.

El juez tampoco quiso pronunciarse sobre la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, porque es un tema directamente vinculado con la causa que se le sigue ante el Tribunal Supremo, aunque mencionó ejemplos de países donde ese tipo de leyes han sido declaradas nulas, como en el caso de Argentina. El magistrado defendió la necesaria independencia del Poder Judicial y manifestó su respeto por los jueces que deberán juzgarlo, evitando entrar en polémicas que sólo servirían para perjudicarlo. Quien no se privó de criticar a España fue su anfitriona, la teniente alcalde de París Anne Hidalgo. Hija de un republicano español exiliado, ayer no ahorró críticas a la Justicia madrileña. “La derecha española trata de rehabilitar el franquismo –afirmó–. Los pueblos tienen derecho a mirar su historia cara a cara. Hacerlo de otra manera es una forma oscurantista de actuar. Y la democracia española es ya lo suficientemente madura como para saber la verdad de su historia, aunque sea dolorosa.”