La Audiencia Nacional de España condenó ayer a 1040 años de prisión a cada uno de los tres miembros de ETA que participaron en el atentado terrorista que el 30 de diciembre de 2006 voló por los aires un estacionamiento de la Terminal 4 del aeropuerto Barajas de Madrid, matando a dos ciudadanos ecuatorianos.

Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián tendrán además que indemnizar con 500 mil euros (unos 630 mil dólares) a la familia de Carlos Alonso Palate y con 700 mil euros a la de Diego Armando Estacio, las dos víctimas del atentado. Los dos inmigrantes ecuatorianos dormían en sus coches cerca de la entrada a la terminal cuando resultaron muertos al estallar una furgoneta cargada de explosivos.

La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia condenó a los tres etarras como autores de los dos asesinatos, así como de 48 asesinatos en grado de tentativa, el mismo número de personas que resultaron heridas en un ataque terrorista que puso fin al proceso de diálogo que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había abierto. El tribunal juzgó a los tres presuntos miembros de la organización independentista vasca armada, culpables, entre otros, de delitos “de asesinato terrorista”, de “tentativa de asesinato terrorista” en el atentado.

El ex jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, “Txeroki”, detenido en el 2008 en Francia, también debe ser juzgado en fecha posterior por este atentado, del que se sospecha fue quien lo encargó. En la práctica, las penas de prisión en España están limitadas a 40 años actualmente por los crímenes de índole terrorista.

La Audiencia Nacional no tomó en consideración las acusaciones de supuestas torturas a manos de las fuerzas policiales que los tres etarras esgrimieron tras su detención. Portu y Sarasola fueron detenidos en enero de 2008 en el País Vasco. La detención de San Sebastián se produjo en febrero de ese año en Francia. Los tres se negaron a declarar durante el juicio, que se celebró del 3 al 6 de mayo, alegando esos presuntos maltratos y calificando de “fascista” al tribunal presidido por el juez Alfonso Guevara.

La tregua decretada por ETA en marzo de 2006 había dado paso a un proceso de diálogo entre la organización separatista armada vasca y el Ejecutivo socialista de Zapatero, cuando los tres etarras hicieron estallar la furgoneta en el estacionamiento de la T-4. Como consecuencia del atentado, Zapatero dio por roto el diálogo con la ETA.

Considerada como una organización terrorista por la Unión Europea, la ETA es responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de acciones violentas con el objetivo declarado de obtener la independencia del País Vasco del resto de España. Desde el ataque terrorista en el aeropuerto de Madrid, ETA ha matado a diez personas: siete en España y tres en Francia.

La sentencia se conoce un día después de que fuese detenida en Bayona, Francia, la cúpula militar de ETA, con su presunto jefe, Mikel-Kabikoitz Carrera Sarobe, alias “Ata”, a la cabeza.

Carrera Sarobe, sospechoso de participar en forma directa en el asesinato de cinco personas, es además quien alquiló el automóvil cargado con explosivos que fue interceptado por la Guardia Civil en Zamora, en el noroeste de la Península Ibérica, el 9 de enero de este año. El gobierno español también lo vincula directamente con la serie de atentados que aterrorizó a Mallorca el año pasado y en los que murieron dos guardias civiles, ataques cuya audacia sorprendió a las fuerzas de seguridad. Además se lo considera responsable de haber encargado montar las bases de ETA en Obidos (Portugal), donde se descubrieron 1500 kilos de explosivos, 300 de los cuales estaban listos para ser utilizados, y de intentar montar otra base en Gerona.

En la operación de anteayer, llevada a cabo por la Guardia Civil y la Gendarmería francesa, cayeron otros cuatro miembros de la organización separatista. Arkaitz Agirregabiria, lugarteniente de “Ata”, había sido designado su eventual reemplazo en caso de que cayera su jefe. Era el encargado de la formación y adiestramiento de los miembros del grupo, además de ser buscado por el asesinato de un gendarme francés en marzo.

Maite Aranalde había escapado de España en agosto de 2009, tras quedar en libertad bajo fianza y después de haber sido entregada por el gobierno francés. Benoitz Aramendi es un miembro oficial de la banda.

La policía controlaba desde hacía días el departamento de la calle Sergent Marcel Duhau de la ciudad más importante del País Vasco francés, situada a apenas 30 kilómetros de la frontera, donde se escondían los cuatro detenidos, y desplegó un operativo en el que participaron al menos medio centenar de agentes franceses.