La Corte Suprema de Estados Unidos declaró ayer en un histórico fallo que los estados federados no pueden limitar o prohibir a los ciudadanos poseer armas de fuego, como garantiza la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, introducida en 1791. Al revocar una prohibición de Chicago de tenencia y porte de armas de fuego, la máxima instancia judicial estadounidense declaró inconstitucional cualquier restricción en ese sentido por parte de los estados y los gobiernos locales.

En un duro golpe para quienes buscan un mayor control de las armas en Estados Unidos, el juez católico Samuel Alito dijo que la Constitución es clara sobre el derecho de los ciudadanos a portar armas para su defensa personal. El fallo –que fue ajustado: cinco votos a favor, cuatro en contra– extiende a todas las ciudades y estados del país la decisión de la Corte Suprema para Washington DC de 2008, que señaló que los estadounidenses tienen el derecho constitucional, consagrado en la Segunda Enmienda, de tener y portar armas, incluidas las pistolas.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) saludó el fallo de ayer, indicando que la decisión “es una reivindicación para la gran mayoría de ciudadanos estadounidenses que siempre creyeron que la Segunda Enmienda es un derecho y una libertad individual que vale la pena defender”. Por el contrario, los defensores del control de armas criticaron la sentencia, señalando estadísticas que muestran un promedio anual de 30.000 muertes, incluidos 12.000 asesinatos, por disparos de armas de fuego en Estados Unidos, donde se estima que hay unos 200 millones de armas en circulación. El 40 por ciento de los hogares norteamericanos posee, al menos, un arma de fuego.

“Va a morir más gente por esta decisión”, dijo el Centro de Políticas de Violencia, con sede en Washington, que consideró el fallo una victoria sólo para el lobby y la industria de las armas de fuego en el país.

Sin embargo, al anunciar la decisión de la Corte Suprema, el juez Alito observó que desde la prohibición hace 28 años del porte de armas de fuego en Chicago, la tasa de asesinatos por pistolas o revólveres aumentó en esa ciudad. En cambio, su colega Stephen Breyer, uno de los cuatro que votaron en contra, sostuvo que la posesión de armas es distinta por naturaleza de los otros derechos establecidos en la Constitución, como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo y rápido.

Ciudades con estrictas leyes sobre la tenencia de armas, como Chicago, se habían resistido a la sentencia de la Corte Suprema de 2008 –originada en un caso en la capital del país, conocido como Distrito de Columbia vs. Heller–. Argumentaban que no estaba claro que el principio de la Segunda Enmienda se aplicara a los estados y a las leyes locales.

Pero ayer, en su decisión sobre el caso titulado McDonald vs. Chicago, el máximo tribunal de justicia estadounidense confirmó la apelación de los activistas de armas presentada contra la prohibición de Chicago, anulando restricciones a la posesión de armas. El caso McDonald es de Otis McDonald, de 76 años, de Oak Park, Chicago, quien reclamó el derecho a tener un arma en su casa para “defenderse”.

La mayoría de los jueces opinó que la “defensa personal es un derecho fundamental”, y recordó que su fallo de 2008 consideró que “la defensa personal individual es ‘el componente central’ del derecho de la Segunda Enmienda”. Como en otras ocasiones, la Corte se dividió en dos líneas ideológicas. Cinco jueces conservadores –John Roberts, Antonin Scalia, Anthony Kennedy, Clarence Thomas y Samuel Alito– se alinearon a favor del derecho a poseer armas y cuatro lo hicieron en contra –Stephen Breyer, Ruth Ginsburg, Sonia Sotomayor y John Paul Stevens–. Stevens vivió ayer su último día en el tribunal ya que se retira a los 90 años. Ayer comenzaron las audiencias en el Senado para estudiar la nominación de la abogada Elena Kagan (ver página 20).

Con todo, la Corte Suprema también dijo que sus fallos “no ponen en duda” regulaciones de larga data, como la prohibición de que los delincuentes y los enfermos mentales posean armas, así como las leyes que prohíben las armas de fuego en “lugares sensibles”, como escuelas y edificios gubernamentales.