Desde La Paz

El gobierno de Evo Morales logró detener la marcha indígena que se dirigía a esta ciudad para protestar contra sus políticas. Los originarios de la Amazonía, Chaco y oriente de Bolivia llevaban dos semanas de caminata y anoche descansaban en Ascensión de Guarayos, departamento de Santa Cruz. Esperaban el resultado del debate parlamentario que incluiría en la ley de Autonomías los acuerdos firmados el domingo pasado entre los marchistas y tres senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Aunque el diálogo estaba congelado, el Ejecutivo accedió a negociar varias demandas ante la certeza de que, si la movilización continuaba los 1200 kilómetros restantes hasta La Paz (ya recorrió 200), en el camino recogería a otros sectores sociales descontentos con la gestión del presidente aymara. En tanto, Morales amenazó a los legisladores oficialistas con empezar una huelga de hambre si no cumplen su rol de aprobar leyes.

Desde el Palacio Quemado aseguran que los indígenas están controlados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que financia varios programas de organizaciones sociales (aunque también del Estado Plurinacional). El gobierno acusa además a varias organizaciones no gubernamentales (ONG) que asesoran a los más de 30 pueblos originarios movilizados. Como respuesta, los marchistas dieron a Morales 24 horas para que echara a Usaid del país, así el tema dejaría de empañar sus demandas. Pero la oficina de ayuda de EE.UU. sigue en Bolivia.

Tres de los siete legisladores indígenas, cercanos a Morales, se sumaron a la marcha. Exigen que la cuota legislativa para originarios se eleve a 18, algo percibido como una “sobrerrepresentación” en el Ejecutivo, porque muchos de los 34 pueblos indígenas del Oriente sólo tienen entre 100 y 300 miembros.

La negociación entre gobierno y marchistas se quebró la semana pasada porque según éstos el ministro de Autonomías, Carlos Romero, les habría gritado. “Nos trató como hijos”, dijo Miriam Saravia, de la Confederación de los Pueblos Indígenas.

Esta movilización atrae a la oposición, desarticulada ante la contundencia electoral del MAS. En Santa Cruz, el Comité Cívico (integrado esencialmente por terratenientes, ganaderos y agroempresarios) declaró que recibirá a los marchistas con medicamentos y alimentos. No obstante, la Cidob acusa a esta entidad de haber promovido la toma y saqueo de su sede durante el intento de golpe de Estado de 2008.

Varios sindicatos obreros descontentos con el cinco por ciento de aumento a los salarios advirtieron que se sumarán a la marcha. Y la nueva directiva de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto (que contribuyó a derrocar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003) dio su apoyo a los marchistas y prometió sacar a Morales del Palacio Quemado si no deja de “derechizarse”.

Entonces, concurrieron a Guarayos los senadores del MAS Gabriela Montaño, Adolfo Mendoza y Freddy Bersatti, quienes trabajaron en ONG y junto a la Cidob, entre otras organizaciones, antes de asumir el título de “honorables” a principios de año. Luego de quince horas de negociación, consensuaron un texto de ocho puntos.

En el documento se acuerda que los fondos para financiar la autonomía indígena salgan del Tesoro General de la Nación, que los territorios indígenas no excedan los límites departamentales y que para crear un territorio indígena autónomo haya al menos mil habitantes. Aún no resolvieron otros temas, que los marchistas esperan tratar con el presidente, como la titulación de tierras a favor de los pueblos originarios y el respeto al derecho a la consulta cuando se intente explotar los recursos naturales de sus territorios, según lo establece la Constitución.

Dio a sus legisladores, que ocupan dos tercios de la Asamblea, hasta el 22 de julio para aprobar la ley de Autonomías. Si no, hará una huelga de hambre como el año pasado, cuando no comió por cinco días para que el Congreso aprobara la ley Electoral Transitoria.