Desde Lima

En medio de una atmósfera de tensión con los pueblos indígenas, el gobierno de Alan García ordenó la expulsión del país de un sacerdote británico defensor de los derechos indígenas y del medio ambiente. Una decisión que refuerza la imagen autoritaria de un gobierno que con frecuencia ha apelado a la represión violenta contra las protestas sociales.

El sacerdote Paul Mc Auley, de 65 años, que vive en el Perú hace veinte años y que trabaja en la Amazonia desde hace diez, ha sido un constante crítico de las operaciones petroleras que contaminan la selva amazónica y ha respaldado los reclamos indígenas contra el gobierno y las transnacionales en defensa de sus territorios.

El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, acusó al sacerdote británico de agitador y lo atacó duramente por cuestionar las políticas gubernamentales. “No podemos permitir que un extranjero vaya contra el modelo de de-sarrollo. Nosotros defendemos las inversiones”, señaló Velásquez, en referencia a las críticas de Mc Auley a las transnacionales que explotan recursos naturales en los territorios indígenas.

Desde Iquitos, capital de la región Loreto y principal ciudad de la Amazonia peruana, el sacerdote británico, que preside la Red Ambiental Loretana, rechazó las acusaciones que le lanzó el gobierno. “Esta decisión del gobierno me ha llegado como una sorpresa. No entiendo la razón. Yo no he animado a nadie a la violencia. Lo que hacemos es exigir que se aplique la ley, ¿eso es un delito? Y trabajar por la defensa de los derechos indígenas y del medioambiente según la enseñanza social de la Iglesia Católica. Hemos apelado esta decisión, que es un abuso”, señaló Mc Auley en diálogo telefónico con Página/12.

Ayer, horas antes de que venza el plazo para que el religioso abandone el país, un juzgado de Iquitos declaró fundada una medida cautelar contra la orden de expulsión, suspendiendo temporalmente esta medida. “Ahora viene el proceso para anular la orden de expulsión. Esto puede tomar desde un mes hasta seis meses o más”, dijo a este diario Rita Ruck, abogada de Mc Auley.

La decisión del gobierno de expulsar del país a Mc Auley ha despertado un amplio rechazo entre las comunidades indígenas, grupos ambientalistas y de derechos humanos, organismos internacionales como Amnistía Internacional, intelectuales y organizaciones sociales y sindicales. Sin embargo, desde la más alta jerarquía de la Iglesia Católica, representada por el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, miembro del Opus Dei y cercano al gobierno, se ha optado por el silencio.

La orden de expulsión contra el sacerdote se da en momentos en que se reaviva la tensión entre los grupos nativos y el gobierno, luego de que el Ejecutivo vetara una ley del Congreso para implementar la consulta a los pueblos indígenas antes de aprobar operaciones de explotación de recursos naturales en sus territorios.

Este procedimiento de consulta es exigido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el Perú ha suscrito, pero el gobierno se niega a cumplirlo. La abierta tensión entre el gobierno y los indígenas amazónicos comenzó en 2008, cuando el Congreso aprobó un paquete legal que facilitaba la entrega de las tierras indígenas a las transnacionales. El 5 de junio de 2009, una protesta indígena de más de dos meses contra esa decisión terminó en un violento enfrentamiento con la policía, que dejó 34 muertos.

El gobierno acusó a congresistas del opositor Partido Nacionalista, organizaciones ambientalistas y miembros de la Iglesia Católica que trabajan en la Amazonia, entre ellos el sacerdote Mc Auley, de promover la protesta indígena y la violencia. El líder de los indígenas amazónicos, Alberto Pizango, debió pedir asilo político en Nicaragua luego de que el gobierno lo responsabilizara por las muertes. Hace poco más de un mes, Pizango retornó a Perú, y aunque no ha sido encarcelado, debe enfrentar un juicio, junto a otros dirigentes indígenas, por rebelión y otros cargos.

En los últimos días, Paul Mc Auley había tenido duras palabras contra la petrolera argentina Pluspetrol por el derrame de 400 barriles de petróleo en el río Marañón, afluente del Amazonas.