Desde Lima

A un año del golpe de Estado contra Manuel Zelaya y cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) estudia el posible retorno de Honduras a ese organismo internacional, el gobierno de Porfirio Lobo enfrenta serios cuestionamientos por la represión contra la oposición. También ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la destitución de cuatro jueces críticos al golpe.

Uno de los magistrados destituidos es la jueza Tirza Flores, que fue echada del Poder Judicial por presentar un recurso de amparo constitucional para el retorno a Honduras del exiliado ex presidente Zelaya. Flores, fundadora de la Asociación de Jueces por la Democracia, estuvo en Lima para asistir a un foro sobre la situación en Honduras organizado por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh).

“Mi despido y el de otros magistrados del Poder Judicial es parte de la persecución política que hay en Honduras. Hemos recurrido a la CIDH porque la Corte Suprema y el Ministerio Público están al servicio del golpe de Estado, que ellos legitimaron, y en Honduras no existe la posibilidad de un debido proceso”, señala Tirza Flores a Página/12. “Con esta denuncia –agrega– no solamente pretendemos nuestra restitución, sino evidenciar la falta de independencia y de imparcialidad en la Justicia de mi país.”

En la opinión de Flores, las elecciones organizadas por los golpistas que llevaron al poder a Lobo carecen de legitimidad y han dado origen a un gobierno débil y con amplio rechazo popular. “Lobo fue electo en un proceso electoral que no contó con observadores internacionales y en el que hubo más de 60 por ciento de abstencionismo, y no ha dado pasos concretos de legitimación. El suyo es un gobierno muy débil, con muy poco respaldo de la población. No podemos hablar de un régimen democrático en Honduras.”

–¿Lobo representa la continuidad del régimen golpista de Micheletti?

–Así es. Las elecciones fueron usadas para blanquear el golpe de Estado y el régimen de Lobo es la continuación de ese golpe. Lobo trata de congraciarse con la comunidad internacional con algunas declaraciones que pudieran hacer creer que él está dispuesto a una reconciliación, pero en los hechos no hay ningún clima de reconciliación en Honduras. Con el actual gobierno continúa la persecución política y la represión –responde la jueza destituida por defender el régimen constitucional de Honduras.

Del foro sobre la situación en Honduras también participó Mery Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras. Sentada al lado de Flores, Agurcia ha estado escuchando con atención. Hace un gesto con la mano e interviene en el diálogo: “Las elecciones no han servido para democratizar el país. Se mantienen las estructuras que dieron origen al golpe y que han generado las violaciones a los derechos humanos. En Honduras siguen gobernando las fuerzas ocultas que dieron el golpe”.

–¿Cuál es la situación de los derechos humanos en el gobierno de Lobo?

–Se ha profundizado la impunidad, el país se ha militarizado y hay una intolerancia contra la oposición. Durante el gobierno de Lobo por lo menos 700 personas han sido afectadas en sus derechos fundamentales. Eso incluye secuestros, torturas y asesinatos. Han sido asesinados nueve periodistas y cuatro activistas de derechos humanos.

–¿Hay escuadrones de la muerte operando con la protección del gobierno?

–Las fuerzas de seguridad –continúa Agurcia– participan de los grupos paralelos que están secuestrando y torturando personas con la tolerancia del gobierno. Hemos registrado el funcionamiento de centros clandestinos de detención. Estos escuadrones de la muerte y los centros de tortura están siendo manejados por extranjeros, sicarios que por el tipo de acento serían colombianos. También hay presencia de la inteligencia israelí, que está vinculada con estos grupos paralelos que cometen asesinatos y secuestros.

La integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras denuncia la impunidad que el régimen de Lobo asegura para los golpistas por las violaciones a los derechos humanos que cometieron. “De los más de 9200 casos de violaciones a los derechos humanos durante el régimen golpista de Micheletti, solamente se han iniciado doce procesos judiciales a policías de bajo rango, y únicamente una persona fue detenida, pero se fugó y la policía no la busca. Y estos pocos procesos que se han abierto no son por violaciones a los derechos humanos, sino por faltas a la administración pública y abuso de autoridad.”

Tirza Flores interviene para hacer una precisión jurídica: “El abuso de autoridad y las faltas contra la administración pública tienen penas menores, de máximo tres años, y son delitos que pueden ser amnistiados”.

–¿Y la Comisión de la Verdad que nombró el gobierno?

–Esa Comisión de la Verdad no tiene un mandato preciso para investigar violaciones a los derechos humanos, es solamente una formalidad para intentar regresar a la comunidad internacional. Por su conformación y por el mandato limitado que tiene, no da garantías. Al conmemorarse el primer año de la resistencia del pueblo hondureño al golpe de Estado, ocasión en la que la población salió masivamente a las calles a protestar contra el golpe y el gobierno de Lobo, la sociedad civil formó una Comisión de la Verdad alternativa a la oficial, que está integrada por nueve personalidades con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, entre ellos Nora Cortiñas, fundadora del movimiento Madres de la Plaza de Mayo, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Durante la última Asamblea General de la OEA, realizada en Lima hace un mes, este organismo formó una comisión para evaluar el posible retorno de Honduras. Esta comisión deberá emitir un informe a fin de este mes. Tirza Flores y Mery Agurcia consideran que admitir al régimen de Porfirio Lobo en la OEA sería un grave error.

“Que el actual gobierno de Honduras retorne a la OEA sería un mal precedente para el sistema democrático en América latina y un peligro, no solamente para los hondureños, que ya estamos viviendo las consecuencias del golpe de Estado, sino para todos los países de América latina. En Honduras se ha dado un retroceso de veinte años en la institucionalidad democrática, que puede ser el inicio del regreso de las dictaduras sangrientas y dolorosas en América latina”, advierte Mery Agurcia.

Antes de terminar el diálogo, Tirza Flores pide una acción más decidida de la comunidad internacional en defensa de la democracia en Honduras. “El apoyo que le dan a Lobo gobiernos como los de Estados Unidos, Perú, Colombia y algunos otros, es lo que impide que haya un compromiso efectivo de Lobo para una democratización, y es parte de lo que mantiene vigente la estructura del golpe. Si todos los países estuvieran presionando en conjunto por obtener un retorno a la constitucionalidad en Honduras, sería más fácil el regreso a la democracia. Deberían imponerse sanciones económicas al gobierno de Lobo. Eso es lo que ha faltado.”