Los políticos que se aliaron a los paramilitares también son responsables de los crímenes de lesa humanidad que cometieron esos grupos armados. Así lo decidió la Corte Suprema colombiana esta semana, al procesar a nueve ex congresistas por la masacre de Segovia de 1988. Uno de los acusados, el liberal César Pérez García, había sido detenido como autor intelectual, pero la Justicia lo absolvió rápidamente. El martes pasado, doce años después y con los responsables directos de la masacre detenidos en cárceles norteamericanas por narcotráfico, la Corte decidió que los políticos que se vieron beneficiados por esa masacre, o pudieron incidir en ella, son tan responsables como los paramilitares que dieron la orden de disparar. Con ese solo argumento pusieron en jaque a la impunidad política que venían denunciando las organizaciones de derechos humanos. “Ahora empezamos a hablar de penas de 30 a 40 años de cárcel, sin la posibilidad de prisión domiciliaria y, lo más importante, de delitos imprescriptibles”, destacó Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

La Sala Penal del Supremo ya había condenado a dos parapolíticos (políticos que se aliaron a los paramilitares) por homicidios cometidos por los grupos armados. Sin embargo, hasta ahora la regla era que el tribunal o los jueces ordinarios los condenaban por el delito de concierto para delinquir agravado, una figura que, de declararse culpable, sólo conlleva penas de cuatro o cinco años de reclusión. La mayoría de los condenados consiguió salir con libertad condicional después de dos años y medio, por buena conducta.

Pero ahora, gracias a la nueva posición de la Corte, las reglas cambiaron para todos aquellos políticos que financiaron, apoyaron y hasta participaron de la “guerra” de los paramilitares. “Básicamente, la Corte está diciendo que todos los que tenían alguna posición de poder, aunque sea intermedia, en los aparatos organizados que fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, son responsables de las desapariciones, los desplazamientos y las ejecuciones extrajudiciales ante la Justicia”, explicó a este diario Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y diputado electo (ver recuadro).

En 1988, la Unión Patriótica (UP), un nuevo partido de izquierda que incluía comunistas y ex guerrilleros, había conseguido ganar la alcaldía de Segovia, Antioquia –hogar de las mayores reservas de oro del país–, y otras ciudades del noroeste del país. Ese departamento era considerado un bastión del Partido Liberal (un joven Alvaro Uribe había sido elegido por esa fuerza como senador nacional dos años antes) y César Pérez García era considerado el caudillo local. Los primeros grupos paramilitares habían anunciado su alianza con el poderoso político, pero fue recién el 11 de noviembre de 1988 que lo demostraron con hechos.

Varias decenas de hombres armados y encapuchados ocuparon en medio de la oscuridad y el silencio de la noche la plaza central de la ciudad. Su primer objetivo fue la sede de la Alcaldía. Mataron a la alcaldesa y a todos los que la acompañaban y, cuando terminaron, recorrieron a pie el pueblo con una lista y no pararon hasta que fusilaron a todos los que aparecían en ella. Algunos transeúntes que se les cruzaron en el camino sufrieron la misma suerte. En total 43 personas murieron. Nadie fue condenado.

En las siguientes elecciones, en 1992, los liberales recuperaron las alcaldías de esas regiones y seis años después, cuando Uribe ocupaba el sillón de gobernador de Antioquia, el caudillo García Pérez consiguió la presidencia de la Asamblea Legislativa de ese departamento.

Esta semana, la Corte Suprema no procesó solamente a García Pérez, el político que más claramente se benefició de la masacre de Segovia, sino también a ocho ex congresistas de departamentos vecinos que formaron parte de la coalición oficialista durante la presidencia de Uribe, y fueron condenados por apoyar y financiar a los paras: Jorge Castro, Nicolás Maloof, José Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Salomón Saade, Jorge Caballero y Mauricio Pimiento.

Desde el uribismo, el primero en poner el grito en el cielo por la decisión de la Corte fue el vicepresidente Francisco Santos, otro sospechado de tener vínculos con los paramilitares. “Lesa humanidad son las masacres en Ruanda o los Balcanes. Esto que se hace acá es crear un precedente muy grave para los que sí son delitos de lesa humanidad”, cuestionó Santos.

Para Cepeda, la reacción del vice es totalmente comprensible. “El presidente y su entorno tienen miedo porque si la Corte sigue avanzando, puede llegar hasta ellos”.