Desde La Paz

Los 30 años del inicio de la dictadura de Luis García Meza fueron conmemorados con actos que evidenciaron diferentes lecturas de la historia entre el gobierno de Evo Morales y las organizaciones de derechos humanos. El eje de la discusión pasó por el rol de las Fuerzas Armadas durante esos años. Mientras el presidente justificó que en los ’70 estaban sometidas a intereses del “imperialismo norteamericano”, los familiares de las víctimas consideraron que los militares no se limitaron a obedecer órdenes. Y exigieron que los uniformados entreguen los archivos de sus años de gobernantes, como ordenó la Justicia hace dos años, para saber dónde están los cuerpos de varios desaparecidos.

“Rendimos nuestro homenaje y proclamamos este 17 de julio Día Internacional del Desaparecido, Día Nacional del Desaparecido, en memoria de ciudadanas y ciudadanos que fueron víctimas de desapariciones forzadas durante las dictaduras militares en Bolivia”, dice el documento aprobado el viernes por la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyos dos tercios están ocupados por afiliados del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales.

La moción fue de la diputada Elizabeth Reyes, de la opositora Unidad Nacional (UN). Su padre, José Reyes Carvajal, fue asesinado por un grupo paramilitar en enero de 1981, junto a un grupo de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en una casa de seguridad de esta ciudad.

Ayer, Morales condecoró a Lidia Gueiler, presidenta que padeció el golpe de Estado de García Meza. Y quiso restar culpas a los uniformados. “Me he dado cuenta de que las decisiones que tomaron los ex comandantes no es porque ellos las querían así, sino porque estaban sometidos a una decisión política. Los políticos de entonces decidieron, o el imperialismo norteamericano decidía qué es lo que tenían que hacer las Fuerzas Armadas”, sostuvo el presidente.

Para los familiares de las víctimas es evidente que los actuales comandantes esquivan la orden judicial para abrir los archivos de sus tiempos dorados. El último documento que los obliga es de la Corte Suprema de Justicia, emitido en abril por demanda de Olga Flores, hermana de Juan Carlos Flores Bedregal, asesinado por militares junto a otros políticos y sindicalistas en la toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), hace 30 años.

“Las Fuerzas Armadas darán estricto cumplimiento a dos autos supremos emitidos por la Corte Suprema de Justicia”, dijo ayer el comandante en jefe de las FF.AA., general Ramiro de la Fuente, quien estaba en la condecoración a Gueiler.

Olga Flores, junto a otros familiares, organizó una marcha por el centro de la ciudad de La Paz hasta el Gran Cuartel de Miraflores, donde se juntan las cabezas de las FF.AA. Allí, centenares de manifestantes reclamaron por la aparición de varios cuerpos, entre ellos el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ex diputado, periodista y escritor desaparecido durante el ataque a la COB. Con su nombre fue bautizada la ley anticorrupción aprobada hace meses por la Asamblea Legislativa, a pesar de la oposición de sus familiares, quienes evalúan que el gobierno no se esfuerza por localizar sus restos.

La dictadura de García Meza contó con apoyo de represores extranjeros, como el nazi alemán Klaus Barbie y el italiano Stéfano Delle Chiae, que crearon el grupo paramilitar Los Novios de la Muerte, además adiestraron a decenas de soldados en teoría y práctica de tortura. También existe información de que militares argentinos habrían dado clases para mejor eliminar a quienes consideraran subversivos, aunque aún no ha sido judicialmente comprobado.

Según las organizaciones de derechos humanos, esa dictadura dejó 500 muertos y cuatro mil detenidos. Hasta ahora, seis mil personas se presentaron como víctimas de los militares para recibir compensaciones económicas. Pero el gobierno indicó que solamente 218 personas cumplieron todos los requisitos para obtener el dinero.

El fiscal Milton Mendoza estaba a cargo de la comisión que investigaba el paradero de los archivos militares de 1980. Logró ingresar al cuartel de Miraflores, pero los uniformados no le permitieron acceder a todos los documentos que requería. Allí incluso habrían enterrado cuerpos de sus “enemigos”, según datos de las organizaciones de derechos humanos. El trabajo de estos fiscales quedó detenido a principios de mes, cuando el Ministerio Público determinó crear una nueva comisión investigadora.

García Meza y su ministro del Interior, el coronel Luis Arce Gómez, se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Conchocoro por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su aventura presidencial. Pero muchos otros implicados aún no pasaron por la Justicia, denuncian los familiares de las víctimas.

Por la desclasificación de los archivos, hasta Amnistía Internacional escribió a Morales. “La imposibilidad de acceder a estos archivos, a pesar de declaraciones hechas recientemente por las FF.AA. y miembros del gobierno, diferencia a Bolivia de otros países de la región que han reconocido la importancia de archivos oficiales para combatir la impunidad”, dice la nota.