Evo Morales promulgó ayer la ley de Autonomías y Descentralización. Quedaron establecidos cuatro niveles autonómicos. La nueva norma, que estipula un reordenamiento del poder, es ampliamente rechazada por la oposición. Era la última ley que faltaba para conformar la columna vertebral que ordena la actual Constitución boliviana.

La nueva legislación lleva el nombre de Andrés Ibáñez, un caudillo cruceño que lideró la revolución federal en 1877, y establece cuatro tipos de autonomías: departamental, municipal, regional e indígena. “Es la ley más importante del país después de la actual constitución, porque entraña el reordenamiento territorial y la recomposición del poder político y una reasignación de los recursos económicos”, afirmó el ministro de Autonomías, Carlos Romero.

Romero anticipó la creación de mecanismos como el Consejo Nacional de Autonomías y el Servicio Nacional de Autonomías, estructuras planteadas para atender los conflictos de competencias. “Será vital la realización del Censo Poblacional y de Vivienda en 2011 para zanjar discusiones de límites entre comunidades que por diferentes razones tuvieron problemas de asignación de recursos, además del actual debate sobre escaños parlamentarios”, remarcó el titular de la cartera de Autonomías.

La ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que tiene mayoría el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). La norma es la quinta norma fundamental aprobada en los 180 días que establece la Carta Magna para entrar plenamente en vigencia. Las otras cuatro normativas requeridas son las del Organo Electoral, del Organo de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Régimen Electoral.

“No hay autonomía posible sin unidad”, enfatizó Romero, en alusión a por qué fueron descartados los estatutos autonómicos aprobados en mayo y junio de 2008 por los entonces prefectos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. La oposición también fracasó en su intento de imponer un pacto fiscal que repartiera los recursos estatales entre los del gobierno nacional y los de las gobernaciones. La estrategia apuntaba a que los Estados más poderosos acumularan mayores beneficios.

Los representantes de los tres gobiernos departamentales opuestos al presidente Evo Morales tampoco pudieron modificar el artículo que suspende a las autoridades electas cuando son acusados por un fiscal. En este marco, el alcalde opositor de Sucre, acusado de racismo, fue suspendido. Ayer, Jaime Barrón presentó su renuncia para forzar una nueva elección. “La ley tiene la clara intención de hacer corta la gestión de los opositores”, denunció Juan del Granado, líder del Movimiento Sin Miedo.

Tres semanas atrás, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob) inició una marcha hasta La Paz para reclamar que la ley reconozca mayores competencias para sus autonomías. Después de su promulgación, Cidob analizaba si mantenía la medida.