Una jueza estadounidense decidió suspender las partes más discriminatorias de la Ley Arizona. Washington celebró la resolución de la magistrada mientras que la gobernadora del estado sureño se quejó porque ponen trabas a su política antiinmigrantes. Aun así la norma entra hoy en vigencia. La jueza Susan Bolton finalmente dio su visto bueno a las demandas que organizaciones civiles y el mismo gobierno federal habían interpuesto contra la ley aprobada a fines de abril. La magistrada designada por el ex presidente Bill Clinton bloqueó los puntos más reñidos con las leyes federales de la norma estatal.

Con el dictamen de la jueza, la policía ya no podrá esgrimir una “sospecha razonable” para detener a cualquier persona y verificar si tiene la documentación en regla. “El requerimiento de la ley de Arizona para que los agentes de la policía y las agencias públicas determinen el estatus migratorio de cada una de las personas que es arrestada es una carga para los extranjeros que son legales, porque verán su libertad restringida mientras se comprueba su situación”, dijo Bolton en su fallo.

También, la magistrada bloqueó el apartado que convertía en delito que un inmigrante sin la documentación necesaria fuera contratado o buscara trabajo. Asimismo se suspendió el permiso de arrestar a alguien sin orden judicial previa, por considerar que esa persona cometió un delito que le podría suponer la deportación.

La jueza argumentó que esos artículos no eran ni equitativos ni apropiados para el interés público. Además, Bolton explicó que las disposiciones suspendidas podían interferir con competencias del gobierno federal, apoyando lo que la Casa Blanca había planteado en su presentación contra la ley. “La capacidad del gobierno federal para hacer cumplir sus políticas y para conseguir sus objetivos se verá socavada por las políticas del estado sobre los estatus migratorios que interfieren con la ley federal”, argumentó la magistrada.

La gobernadora Jan Brewer puso el grito en el cielo después de enterarse de la decisión judicial. “El gobierno federal obtuvo apoyo de las cortes”, se quejó. “Consultaré a mis asesores legales acerca de los nuevos pasos a seguir. Estudiaremos cada elemento que la jueza Bolton sacó de la ley y apelaremos enseguida”, adelantó la republicana.

Brewer afirmó que llevará su batalla hasta la Suprema Corte. “Ya hemos tenido algunos avances en despertar a Washington, pero la pregunta se mantiene: ¿hará Washington su trabajo y pondrá fin a las operaciones diarias de los traficantes en nuestra nación?”, disparó la gobernadora y principal impulsora de la ley antiinmigrantes en el estado sureño.

En cambio, el Departamento de Justicia federal festejó la noticia. “Creemos que la Corte actuó correctamente al impedir que tomen efecto las partes esenciales de la ley SB 1070”, dijo la portavoz Hannah August. “Esta administración toma seriamente su responsabilidad de asegurar sus fronteras y ha dedicado recursos sin precedentes a ese esfuerzo”, añadió. “Los estados pueden y deben jugar un rol en cooperar con el gobierno federal en su fortalecimiento de las leyes migratorias, pero lo deben hacer dentro del marco constitucional”, remarcó la vocera.

Barack Obama, que criticó la Ley Arizona cada vez que pudo, no se refirió aún a esta victoria legal. Según trascendió, el presidente estadounidense recibió la noticia cuando estaba en vuelo y por teléfono a través de un llamado del consejero legal de la Casa Blanca, Bob Bauer.

Organizaciones de defensa de los inmigrantes festejaron este primer triunfo legal. “Seguimos considerando que la ley de Arizona es equivocada e inconstitucional y la decisión de la jueza nos da la razón”, se alegró Ali Noorani, el director del Foro Nacional de Inmigración. La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos se sumó a la ola de elogios hacia la magistrada. “Bolton hizo lo correcto al bloquear costosas previsiones que violarían los derechos civiles de todos los habitantes de Arizona y sus visitantes y someterían a los hispanos de Arizona a la discriminación y al racismo”, dijeron desde esa agrupación.

Las protestas que estaban previstas se mantendrán, ya que la ley, en su versión más moderada, entrará en vigencia hoy. “Hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas”, advirtió Paulina González, portavoz de la organización Todos Somos Arizona. Hace una semana que en distintos puntos de Estados Unidos se llevan adelante actividades de repudio a la normativa. “Queremos justicia. Queremos que Obama cumpla con su promesa para que millones no tengamos que vivir con miedo”, reclamó Adrián Alvarez desde una manifestación en Los Angeles.