El gobierno uruguayo creó un grupo especial de control e investigación del manejo de dinero en las Fuerzas Armadas tras comprobar irregularidades en las cuentas de la Armada, un caso llamado en la prensa oriental como de “compras fantasmas”.

El grupo de auditores comenzó a funcionar con cuatro personas en la pasada semana y estará integrado por un total de nueve, dijo el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, al diario El Observador. “Más allá del conjunto de hechos anormales que se han detectado, hay que averiguar por qué no se logró controlar, detectar, prevenir en forma precisa y adecuada”, dijo el ministro. El grupo tendrá a cargo estudiar el manejo de dinero que recibieron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea por la participación de militares uruguayos en Misiones de Paz de la ONU y que hasta hace unos meses no tenía control del Gobierno y era manejado por cada arma.

Rosadilla se refirió a las irregularidades detectadas hace dos semanas en el manejo de dinero en la interna de la Armada y tras una denuncia anónima. Durante una convocatoria al Parlamento para explicar lo ocurrido, Rosadilla calificó como “extremadamente graves” los casos de corrupción en la Armada.

Mientras tanto, la jueza uruguaya especializada en el crimen organizado Graciela Gatti continúa con la investigación del caso y citó a declarar el sábado al ex jefe de la Armada Juan Fernández Maggio. Esta semana continuarán declarando oficiales y los abogados podrán acceder al expediente.

La magistrada investiga la existencia de una red de compras falsas de material en la Armada uruguaya, la malversación de fondos de Naciones Unidas destinados a pagar las misiones de paz y la existencia de una cuenta secreta con dinero público en Alemania fuera de los controles oficiales.

El caso ya causó la destitución fulminante de cuatro oficiales de la Armada, uno de ellos el agregado militar de Uruguay en Brasil, para que respondan por las irregularidades.

En un principio la Justicia investigó la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para ensayar motores, por los que el Estado habría pagado en 2008 un total de 600.000 dólares, pero que nunca aparecieron en ninguna dependencia de la Armada. La denuncia del caso llegó a la fiscalía de forma anónima y de las primeras investigaciones surge que las irregularidades se habrían realizado de forma más o menos sistemática en esa arma durante varios años y que se habría producido un desfalco de entre tres y cinco millones de dólares.

En sus investigaciones, Gatti también ordenó interrogar a cerca de 40 empresarios proveedores de la Armada para establecer si existe una red de compras “fantasma” en la fuerza.