Desde Ankara

En los rincones de las enmarañadas calles de Estambul se escuchan las proclamas políticas que las furgonetas electorales expelen tediosamente; ¡¡Evet!!, gritan unos, ¡¡Hayir!!, responden otros, con esa contundencia tan característica de los vocablos turcos. Ambas hacen referencia a dos palabras muy sencillas pero muy concluyentes al oído del ciudadano; “sí” y “no”’. Y es que en Turquía está en juego algo más que el futuro político del país.

Hoy, coincidiendo con el 30º aniversario del último golpe de Estado, se celebrará una consulta popular con la que el gobierno del partido de corte islamista moderado AKP (Partido para la Justicia y el Desarrollo), liderado por el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, pretende legitimar una profunda transformación sobre la presente Constitución redactada por militares golpistas, que rige el país desde hace casi tres décadas.

Según puntualiza la administración, los objetivos generales de los cambios pasan por: suavizar las restricciones para que los ciudadanos puedan salir del territorio nacional, brindar más derechos a los menores, así como ofrecer a los funcionarios el derecho a formar sus sindicatos para negociar sus propios acuerdos laborales, etc.

Entre las reformas más destacadas figura la modificación del artículo 10 con el objeto de potenciar la “discriminación positiva” para “proteger a los colectivos más desfavorecidos”, como lo son la mujer, los niños, los inválidos, jubilados y familiares de soldados caídos en acto de servicio” (en Turquía se libra desde hace 30 años una guerra no declarada contra la guerrilla separatista kurda PKK). Asimismo, el Ejecutivo proyecta alterar el artículo 20, con el que intentará “generar mayor transparencia en las cuentas del Estado, así como en la gestión de los datos privados de los ciudadanos”.

Sin embargo, el plato fuerte de las reformas pasa por dos puntos fundamentales que afectan a los elementos más críticos de la vida política del país; la reforma de judicatura y la limitación de poderes a las fuerzas armadas.

Tanto el conjunto de la judicatura como el ejército están íntimamente comprometidos con el legado que el fundador de la República Turca, Mustafá Kemal “Atatürk”, impuso en 1923, tras cimentar, sobre las extintas cenizas del Imperio Otomano, un nuevo régimen ambientado en valores occidentalizados, laicos y nacionalistas, de inspiración francesa.

Según el AKP explica detalladamente en sus cuadernillos propagandísticos, las reformas judiciales aspiran a emular el Tribunal Constitucional de 1969 (en el que un tercio de la sala era designada por el Parlamento). Y el Ejecutivo proyecta aumentar los miembros de los 11 actuales a 17, de los que 3 serán designados por el Parlamento (en el Parlamento turco no existe un sistema que garantice la proporcionalidad electoral), y los restantes desde los propios mecanismos del tribunal, así como a través del jefe de Estado (puesto que ostenta Abdula Gül, también del islamista moderado AKP).

Es por esto último que varios medios turcos definen esta reforma como un aval para ganar influencia dentro de la judicatura y sortear así los procesos de ilegalización que han venido afectando a un número de partidos islamistas durante varias décadas.

Los partidarios del “sí” juegan con el factor emocional que deriva del sangriento golpe militar protagonizado en 1980 por el general Kenan Evren y principal impulsor de la Constitución actual. Por ello, en el ámbito militar, el Ejecutivo busca derogar el artículo provisional 15 que garantiza la impunidad a los golpistas. Así, pues, dicha medida también prevé delimitar los poderes del YAS, la judicatura militar turca, exponiéndola al examen de la judicatura civil. Las reformas están apoyadas principalmente por el bloque islamista conservador que engloba el partido en el poder, AKP (moderado), Saadet Partisi (islamista) y BBP (radical).

La campaña por el “no” juega con la desconfianza que las clases medias tienen hacia los islamistas y con el terror de estas a perder su estilo de vida occidental. Prácticamente la totalidad de los partidos políticos de izquierda, centro y derecha restantes, tales como el CHP (republicano y principal opositor), MHP (ultra-nacionalista) y más minoritarios como: BDP (kurdo), DP (centro) y TKP (Izquierda), se oponen radicalmente al paquete de reformas.

El flamante líder y nuevo dirigente del Partido Popular Republicano (CHP por sus siglas en turco), Kemal Kiliçdaroglu, afirma que tras el paquete de reformas se esconde la intención de los islamistas de “inmiscuirse dentro del Poder Legislativo”, lo que el líder opositor señala como una “clara contradicción sobre los principios de la independencia judicial”.

El hábil Kiliçdaroglu contraataca denunciando el carácter unilateral de la propuesta, lo que según varios medios cercanos a los islamistas supone el mayor descuido de Erdogan. En este sentido, la oposición se apoya en los principios de la Comisión de Venecia (organismo dependiente del Consejo Europeo), que recomienda generar un clima de consenso en consultas de esta índole. Dicho organismo también desacredita propuestas que, como en el caso turco, llevan a referéndum un amplio número de reformas en áreas completamente distintas.

En la misma línea, y refiriendo a las postulaciones de la Organización Mundial del Trabajo, Kiliçdaroglu afirma que las mejoras de las condiciones de los funcionarios no cambian su situación, ya que “se les sigue negando su derecho a la huelga”. Igualmente, el líder republicano se refiere a las reformas sobre derechos del menor como “bastante cínicas”, pues, según comenta, “el poder de la mano de obra infantil ha contribuido al vertiginoso crecimiento económico que supuso la bandera electoral de los islamistas”.

En referencia al buque insignia del paquete de reformas, la abolición del artículo 15 bajo el que se escudan los golpistas, el CHP denuncia que se trata de “una maniobra propagandística” porque “dicha reforma no afecta el capítulo que determina que ninguna ley nueva tiene jurisdicción sobre hechos acontecidos previos a su aprobación”.

Mientras republicanos e islamistas se ensarzan en una espiral de reproches, el columnista turco Can Özelgun, augurando las consecuencias de los posibles resultados, señala: “Como resultado de un ‘no’ el AKP sufriría un tremendo revés. De cara a las elecciones del 2011 tendría que adoptar posiciones más intolerantes con el problema kurdo para contentar a los votantes kemalistas”.

Sobre la misma cuestión, Betül Akkaya, corresponsal del diario Today’s Zaman, comenta: “Un ‘sí’ traería la normalización definitiva de las relaciones entre civiles y militares, lo que se traduce en fuerzas armadas subordinadas al contexto de la clase política”.

De igual forma opina la periodista turca Fatma Disli Zibak: “En mi opinión, de aprobarse las reformas, Turquía entraría de una vez por todas en el club de países democráticos, donde existe la supremacía de la ley”.Los principales medios coinciden en que la aprobación del paquete de reformas le proporcionaría oxígeno a un partido que empieza a notar el desgaste tras nueve años en el poder.

Precisamente de cara a la próxima batalla electoral, el primer ministro Erdogan, en una entrevista con Rasim Ozan Kütahyali del diario Taraf, comentó: “Si conseguimos una mayoría lo suficientemente contundente en las elecciones del 2011, haremos una Constitución desde cero”. La advertencia ha desatado el pánico de las clases laicas, en especial de las fuerzas armadas, que ven peligrar su relevancia política, y que en los últimos años han protagonizado varios complots contra el gobierno,

Conscientes de la alta volatilidad de situación actual, Kiliçdaroglu y sus seguidores ven una oportunidad de oro para catapultarse en el epicentro político tras largos años de ausencia. Por ello apelan a los recelos de los sectores más occidentalizados de la sociedad turca, cuyas ansiedades se personifican en la relación del gobierno con la vecina Irán.

A horas del voto, la opinión pública aparece dividida. En los últimos sondeos sobre intención de voto, el “sí” y el “no” están igualados en el 45 por ciento, mientras el diez por ciento restante sigue dudando. Según considera Tolga Bilener, experto en política turca e investigador en el departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad de Galatasaray, en este plebiscito no habrá ganadores. “Cualquiera sea el resultado, la polarización de la ciudadanía traerá problemas a la hora de presentarlo como una victoria genuina”, señaló a Página/12.

Preguntado sobre cuáles son las razones para una consulta de este tipo, Bilener comento: “Existe la obvia necesidad de contar con una Constitución nueva con el objeto de compatibilizar el sistema legal turco con los estándares de la Unión Europea, puesto que el proceso de democratización de Turquía está íntimamente ligado al futuro de las relaciones Turquía-UE. De hecho, todos los partidos políticos están al tanto de que la Constitución de 1982 tendría que ser transformada, nadie clama que la presente sea una Constitución idónea. En cualquier caso, la discusión deriva en cómo y en qué puntos hacerlo exactamente”.