Desde Lima

Más de veinte miembros del escuadrón de la muerte Colina, juzgados por secuestros y asesinatos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), podrían quedar libres. Y no son los únicos. Amparados en una ley recientemente dictada por el gobierno de Alan García, gracias a las facultades legislativas que le dio el Congreso controlado por el oficialismo y el fujimorismo, los integrantes del grupo Colina, por cuyos crímenes Fujimori ha sido condenado a 25 años como autor intelectual, han pedido que el proceso en su contra, que está cerca de culminar, sea archivado, con lo cual quedarían libres. El pedido será resuelto por el tribunal en los próximos días.

La cuestionada ley de Alan García invocada por los agentes de Colina para salir libres señala que los delitos de violaciones a los derechos humanos ocurridos antes de noviembre de 2003 no son considerados crímenes de lesa humanidad y tienen el beneficio de la prescripción. Además establece que si el proceso de investigación judicial por estos delitos excede el plazo de 36 meses, el caso queda archivado y los inculpados, libres de responsabilidad. El abogado de Fujimori, que también patrocina a militares juzgados por violaciones a los derechos humanos, habría jugado un papel clave en la redacción de esta ley.

Esta norma colisiona con la legislación internacional en materia de derechos humanos que el Perú se ha comprometido a cumplir, que declara la imprescriptibilidad de los delitos de violaciones a los derechos humanos sin importar en qué fecha se cometieron, y contradice la jurisprudencia de los últimos años en el país en ese mismo sentido. Pero eso no ha detenido al gobierno para sacar adelante esta ley, calificada por los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales como una amnistía encubierta para los violadores de los derechos humanos, que ahora podrán acogerse a la prescripción de sus crímenes o alegar que la investigación judicial ha excedido el plazo límite de 36 meses.

El primer fallo judicial amparado en la llamada ley de amnistía encubierta ha beneficiado a un ex ministro de Alan García: Agustín Mantilla, quien fuera ministro del Interior en el primer gobierno de García (1985-1990) y que estaba siendo juzgado como organizador y jefe del Comando Rodrigo Franco, el escuadrón de la muerte que operó durante la primera presidencia de García. Un juez ha resuelto archivar el juicio en su contra citando la ley de Alan García. Pero la fiscalía ha apelado esa decisión.

El propio García sería uno de los beneficiados con la ley que él ha dictado. En los tribunales está abierto un proceso por la ejecución de más de cien presos de Sendero Luminoso en la isla penal El Frontón en 1986. García ha sido sindicado como autor intelectual de la matanza. Los marinos procesados por las ejecuciones de El Frontón han pedido que se aplique esta ley para archivar el juicio.

La llamada amnistía encubierta, o ley de impunidad, ha merecido un amplio rechazo. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, la Conferencia Episcopal, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones políticas han expresado su condena a la ley y exigido su derogatoria. Incluso el ministro de Justicia, Víctor García Toma, se sumó a las críticas a la ley, pero a pesar de eso se mantiene en el gobierno. El futuro de la norma queda en manos del Legislativo, que puede derogarla o no.

El opositor Partido Nacionalista, encabezado por el ex candidato presidencial Ollanta Humala, ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. El relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Martin Sheinin, ha señalado que en el Perú se vive “un clima de impunidad”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado en contra de la ley y le ha recordado al gobierno peruano que ha suscripto tratados internacionales que declaran imprescriptibles los delitos de violaciones a los derechos humanos y que está obligado a cumplirlos.

El impulsor de esta ley favorable a los violadores de derechos humanos ha sido el ministro de Defensa, Rafael Rey, miembro del Opus Dei y cercano al fujimorismo. Como congresista en 1995, Rey votó a favor de la ley de amnistía para violadores a los derechos humanos que dictó Fujimori y que a la caída de su gobierno fue derogada. Rey ha calificado los juicios por violaciones a los derechos humanos como “una persecución política” contra los militares, y ha dicho que no le preocupan las reacciones internacionales contra la ley de impunidad que ha promovido. Para dar esta ley, Rey buscó la asesoría del abogado de Fujimori, César Nakasaki, quien participó en su redacción. Aunque el gobierno lo niega, los organismos de derechos humanos han denunciado que esta ley puede favorecer a Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.

Según la Comisión de la Verdad, la guerra interna entre los años ’80 y ’90 dejó 69 mil muertos. Cerca de la mitad de esas muertes fue causada por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los condenados por violaciones a los derechos humanos no llegan a veinte. Los procesos avanzan lentamente y más del 80 por ciento de los militares juzgados ha sido absuelto. La ley de Alan García terminaría de consagrar la impunidad.