Desde París

El flamenco de la expulsión de los gitanos de Francia instrumentado con fines electoralistas por el presidente Nicolas Sarkozy le ha dado un nuevo dolor de cabeza al mandatario. Después de las Naciones Unidas, el Papa, Amnistía Internacional, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo –todos condenaron la metodología del Ejecutivo francés–, la Comisión Europea entró ahora en la danza a través de la vicepresidenta y responsable de Justicia y Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Viviane Reding, quien adelantó la posibilidad de que la Comisión entable una acción judicial contra París por no respeto de la legislación comunitaria. Reding calificó de “vergonzosa” la actitud de Francia con los gitanos y alegó que “no le quedará otra salida sino lanzar un procedimiento de infracción contra Francia”. A la señora Reding y a la Comisión se les atravesó en la garganta el artificio que París utilizó para ocultar que las redadas contra los gitanos no se inscriban dentro de un plan general de lucha contra la delincuencia sino que se trataba de un objetivo elegido de antemano.

Según reveló Viviane Reding, en todos los contactos mantenidos en el mes de agosto con las autoridades francesas, en lo concreto con el ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, y el secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, ambos garantizaron que el dispositivo de seguridad presentado con orquesta y luces por Nicolas Sarkozy no estaba dirigido exclusivamente hacia los gitanos.

La prensa francesa divulgó el contenido exacto de una circular del ministro francés de Interior que prueba exactamente lo contrario de lo que afirmaron Besson y Lellouche. La circular, redactada por el director de Gabinete del Ministerio de Interior, el pasado 5 de agosto, ordena a la policía desmantelar los campamentos de inmigrantes ilegales “tomando como prioridad los de los gitanos rumanos”. La frase prueba todo lo contrario de los argumentos que París había desplegado con el fin de explicar que su política de seguridad y de lucha contra la inmigración ilegal se aplicaba independientemente del origen o la raza de las personas. El objetivo eran los gitanos. El titular de la cartera de Interior, Brice Hortefeux, corrigió el lunes el contenido de la circular pero la Comisión Europea ya estaba en una crisis de indignación: uno de sus Estados miembro más influyentes, el país que teorizó como nadie la solidaridad y los derechos humanos en el mundo, había mentido con algo tan sensible. Viviane Reding anunció que pensaba recomendar al presidente de la Comisión, José Manuel Durrao Barroso, que ponga en marcha un procedimiento de infracción “acelerado” frente a la gravedad del caso. Si esto se lleva a cabo, París se encontraría en la paradójica situación de pasar de ser el Estado que más ha promovido la lucha contra la discriminación en el mundo a Estado discriminador. El procedimiento de infracción se basa en dos motivos: el uso discriminatorio de la directiva sobre Libertad y Movimiento, y la no inclusión en la legislación francesa de las garantías de la directiva. Si París no acata la recomendación podría verse acusada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El gobierno francés buscó bajar el tono de la polémica. París expresó su “asombro” por las duras palabras de la responsable de Justicia y Derechos Fundamentales. El portavoz de la Cancillería francesa, Bernard Valero, dijo “no creemos que con este tipo de declaraciones podamos mejorar la suerte y la situación de los gitanos que están en el centro de nuestras preocupaciones y acciones. (...). Trabajamos en ese espíritu y con ese objetivo con las autoridades de Bucarest”. Francia acumuló una abrumadora andanada de críticas desde que decidió deportar a los gitanos. Algunas declaraciones tienen acentos de arreglo de cuentas con un país a menudo criticado por su arte de dar lecciones. Pierre Lellouche, el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, dijo hace unos días que tenía la impresión de que Francia está “recibiendo una paliza”. Resulta asombroso recordar que la ONU recomendó a París evitar “los discursos políticos discriminatorios”. El caso de los gitanos, que empezó con un incidente entre gitanos y policías y se prolongó con la intervención de Sarkozy y su nueva cruzada, derivó en incidentes diplomáticos y comparaciones de mal gusto. Así, Thomas Hammarberg, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, comparó el discurso reinante en Francia en torno de los gitanos con la retórica empleada por “los nazis y los regímenes fascistas”. El sociólogo Michel Wieviorka explica que “el país que reivindica ser la cuna de los derechos humanos (...) se ve atrapado en flagrante delito y en contradicción con su propio discurso”. Viviane Reding no se mostró muy dispuesta a archivar el caso. La responsable europea dijo ayer que se había sentido “personalmente interpelada por unas circunstancias que dan la impresión de que se expulsa de un Estado miembro a personas sólo porque pertenecen a cierta minoría o etnia. Pensaba que Europa ya no sería más testigo de este tipo de situación después de la Segunda Guerra Mundial”.