El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció ayer que el martes próximo se instalará una mesa de diálogo en busca de soluciones a los reclamos del pueblo mapuche, con lo que espera que los 34 comuneros presos levanten la huelga de hambre, que ayer llegó al día 68. El mandatario hizo el anuncio en uno de los actos por el Bicentenario de la Independencia, que se conmemora hoy, y en presencia de sus cuatro antecesores. Piñera escogió el acto del izamiento de una gigantesca bandera nacional frente al Palacio de la Moneda, donde aseguró que todos los chilenos están conscientes de que tienen una deuda con los pueblos originarios y, particularmente, con el pueblo mapuche.

“Apenas termine la fiesta del Bicentenario, la próxima semana, en el cerro Ñielol, que es un símbolo de la Araucanía, se constituirá una mesa de diálogo integrada por ministros, iglesias, organizaciones civiles y también por representantes de comunidades del pueblo mapuche”, precisó el jefe de Estado. Los 34 presos mapuches están procesados por delitos cometidos durante protestas en reclamo por sus tierras y piden no ser juzgados por la Justicia Militar y que no se aplique a sus causas la Ley Antiterrorista de la dictadura.

“Tenemos una deuda con nuestros pueblos originarios y, particularmente, con el pueblo mapuche”, manifestó Piñera, tras anunciar un programa económico y social denominado Plan Araucanía, cuyo objetivo es “mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo” de los indígenas.

El corazón de la Araucanía es donde se concentran las mayores bolsas de pobreza y retraso de todo el país.

Hasta allí se desplazarán el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulet, y el de Planificación, Felipe Kast, con el encargo presidencial de encontrar soluciones “antes de que termine este año” a un conflicto que se remonta a finales del siglo XIX, cuando tras la llamada “pacificación de la Araucanía” los mapuches perdieron el 95 por ciento de sus tierras.

Desde entonces las comunidades reivindican las tierras de sus ancestros, hoy en manos de latifundistas y empresas madereras. Algunas, las más radicalizadas, protagonizaron acciones violentas contra la propiedad privada y se enfrentaron a la policía. Para aplacar los disturbios en la Araucanía, donde vive la mayor parte del medio millón de mapuches chilenos, los sucesivos gobiernos desde el restablecimiento de la democracia, en 1990, han aplicado la Ley Antiterrorista y el Código de Justicia Militar, con figuras como la de los “testigos protegidos”.

En virtud de esta legislación, los acusados pueden permanecer hasta dos años en prisión preventiva sin que sus abogados tengan acceso a los testimonios incriminatorios. Esto motivó que 32 presos mapuches de las cárceles de Angol, Concepción, Lebu, Temuco y Valdivia iniciaran el pasado 12 de julio una huelga de hambre que el gobierno de Sebastián Piñera considera “ilegítima”.

A pesar de ello, el presidente envió semanas atrás al Congreso dos proyectos de ley para modificar una legislación que actualmente, según los presos mapuches, cercena su derecho a un debido proceso y desemboca en la aplicación de penas más duras que las tipificadas en la Justicia ordinaria.

Larroulet señaló que espera que la apertura de este espacio sea acogida con “comprensión” por los comuneros en huelga de hambre para que depongan la medida, porque “el gobierno ha cumplido sus compromisos de enviar los proyectos de ley que permiten un juicio justo y una defensa oportuna de ellos”, explicó. “Ellos tienen que valorar que el gobierno haya tomado la decisión de crear esta mesa de diálogo para el reencuentro con los pueblos originarios”, agregó Larroulet. El ministro sostuvo que la mesa de diálogo buscará “perfeccionar las políticas indígenas, reconocer la deuda histórica, valorizar la cultura indígena, apoyar el desarrollo productivo, entregar tierras, además de educación y salud apropiadas”.

El senador demócrata cristiano Jorge Pizarro consideró “oportuna” la convocatoria de Piñera porque se estaba “perdiendo un tiempo precioso” y se mostró esperanzado en que “pueda ayudar a que quienes están en huelga de hambre entiendan que hay un espacio que se está abriendo y que es importante para tratar los temas de fondo”.

Pizarro estimó que la presencia de miembros de la Iglesia en la mesa de diálogo puede ser “garantía suficiente” para que los mapuches “se sientan tranquilos de que sus demandas permanentes van a ser escuchadas”. El cardenal arzobispo Francisco Javier Errázuriz destacó que se haya dado una fecha precisa para iniciar el diálogo y estimó que los mapuches depondrán la huelga de hambre, ya que la conformación de una mesa de debate “fue la condición que ellos pusieron”.