Desde Copiapó

Hay otros doscientos treinta mineros que siguen atrapados por negligencia de la empresa San Esteban, propietaria de la mina San José, entre otras minas. “Están atrapados porque entre que no se los echa y no se les paga, si se buscan otro trabajo podría complicarles la obtención del finiquito (la indemnización); si lo hacen, la empresa podría sostener, como argumento para no pagarles el finiquito, que ellos renunciaron al trabajo”, le explicó a Página/12 Alberto Robles, diputado de Concertación por la región de Atacama, activo promotor de esta causa. Ayer, por tercera vez los mineros marcharon por el centro de Copiapó pidiendo, además, que se les paguen los meses adeudados y los aguinaldos. “Nos vienen engañando hace rato, hicieron un operativo de prensa para hacerle creer a la gente que el tema estaba solucionado”, denunció el dirigente Javier Castillo.

La empresa dejó de pagarles a todos los mineros, a los 33 atrapados también, el día del derrumbe, ocurrido el 5 de agosto. Luego, resume Castillo, el gobierno nacional se comprometió a hacer que los mineros reciban todo lo adeudado. Pero como no pasaba nada, ellos decidieron juntarse en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Copiapó. Allí, recuerda Castillo, presidente de la CUT en Copiapó, “había sólo 50 mineros trabajadores de la empresa”. Fue el 27 de agosto, cinco días después de que sus 33 compañeros dieran la prueba de vida.

“En ese momento hablamos de lo de los niños, sabíamos que les iba a pasar esto a ellos o nosotros, tarde o temprano”, dijo el dirigente. Ahora, agregó, nuestro lema es “rescatemos los derechos de todos los trabajadores, incluidos los 33 que tampoco están cobrando”. Sólo habían cobrado la primera quincena de agosto y no tenían ningún papel firmado. Marcharon por primera vez el lunes 5 de octubre, sin un peso en el bolsillo y consiguieron la siguiente quincena de agosto. Cinco días después volvieron a la calle y consiguieron los pagos de septiembre. “Todo fue a cuentagotas”, se quejó el dirigente.

Ese día se enteraron del pago al mediodía y los bancos ya cerraban. Por suerte e insistencia también, consiguieron que el Banco de Chile extendiera el horario de atención hasta las 17 (cierran a las 14). “En el medio, apareció un facilitador judicial especialista en quiebras, que se llama Jorge Quiroz. Nos explicó cómo era el proceso de facilitación de la quiebra en tres reuniones. Y nos habló de la necesidad de firmar un convenio para cobrar el finiquito”, recordó Castillo. En la segunda marcha, además del pago de septiembre, se les dijo que iban a pagarles el preciado finiquito.

“En la Sonami (Sociedad Nacional de Minería, que le debe plata a la empresa San Esteban) hicieron circular un papel para que firmemos para cobrar el finiquito; lo iban a dar el martes 12 de octubre. Llamamos al facilitador, para que lo revise, pero no atendía el celular... fue imposible comunicarse. Igual creímos que el tema estaba resuelto, llamamos a los medios de prensa, a las radios y les agradecimos a ellos por el apoyo. Cuando llegó el día, nos dijeron que nos daban un papel pero que cobraríamos, con suerte, ¡en diciembre!”, relató el dirigente a este diario.

Hicieron una marcha ese mismo día, mientras los mineros eran rescatados. La gente los apoyó plenamente. Pero este dirigente, admitió ayer, comenzó a pensar que los habían engañado. No sabía si salir a buscar trabajo o no porque si no le pagaban en diciembre, podrían perder el derecho a cobrar el finiquito. Los medios locales y nacionales, esta vez, se hicieron humo. “Para la prensa el tema estaba resuelto y empiezo a creer que alguien armó todo esto. Ese día la atención era el rescate y eso tapó todo. Ya no existimos, nadie quería dar malas noticias parece. Se distorsionó la información”, dijo Castillo.

Las reuniones se agotaron y el dirigente dijo que volverán a marchar porque “no queda otra”. Para el diputado Robles, “los medios invisibilizaron el tema porque en general son de derecha y nada debía empañar el rescate”. El compromiso que tomó el gobierno, aclaró, era el de facilitar los pagos. “Y puede hacerlos por la Sonami, que es estatal. En verdad, el gobierno está comprometido con lo mediático, pero no con los problemas de los trabajadores.” El finiquito, según informó el legislador, consta de la suma de un sueldo por mes por cada año trabajado. Si alguien estuvo 10 años en la mina recibe, en promedio, 5 millones de pesos chilenos (10 mil dólares). Los sueldos de quienes marcharon oscilan entre 500 y 2000 dólares.

Robles y todos sus colegas recibieron un cuadro con una copia de la famosa nota “Estamos bien en el refugio los 33”. Un gesto, dijo el legislador opositor. Pronto, se tratarán leyes para garantizar la seguridad laboral en todas las minas de Chile. “Un debate que ya tiene prioridad en el Congreso”, agregó Robles, quien insistió: “El gobierno prometió hacerse cargo de todos los trabajadores de esa mina, no sólo de los 33 que rescató”. La empresa, afirmó, tiene bienes que pueden serle expropiados: “Los dueños tienen tremendas casas, autos, uno de ellos un gran patrimonio, además tienen otras minas, maquinaria y una planta de tratamiento de minerales”.

Lo peor del asunto, según el diputado, es el trato despectivo que se les dio a los compañeros de los 33 titanes. “Ni siquiera se les permitió estar cerca de la tarima del rescate, para que puedan volver a encontrarse con sus compañeros. Muchos tuvieron que verlo por televisión”, aseguró.