EL MUNDO › PASO EN DIPUTADOS UN PROYECTO PARA DEJAR SIN EFECTO LA LEY DE AMNISTIA EN URUGUAY
Con una sólida mayoría, pero sin votos de la oposición, la Cámara baja aprobó un proyecto que anula la amnistía por razones constitucionales. El Estado uruguayo fue condenado en ámbitos internacionales tres veces por la norma.
La Cámara de Diputados uruguaya dio media sanción a un proyecto interpretativo que deja sin efecto la ley de amnistía a represores de la pasada dictadura, aunque aún es incierta la suerte que la iniciativa correrá en el Senado por desavenencias en el bloque oficialista.
En la sesión que finalizó en la medianoche del martes, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 50 votos de los diputados de la alianza de centroizquierda Frente Amplio, contra 30 votos en contra. Se pronunciaron en contra todos los opositores, independientes y representantes de los opositores partidos Nacional y Colorado.
El proyecto se analiza en momentos en que la Suprema Corte de Justicia tiene en estudio dos recursos de excepción de inconstitucionalidad de la denominada ley de Caducidad presentados por la fiscal penal Ana María Tellechea. El Estado uruguayo fue condenado en ámbitos internacionales tres veces por la norma: en 1988 por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1992 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al otro año cuando, en un informe con base en ocho casos, la CIDH concluyó que el país violó la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
La Ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue promulgada en 1986, durante el primer gobierno democrático de Julio María Sanguinetti, tras el fin del régimen de facto, en 1985. En dos oportunidades la ley fue sometida a referéndum y refrendada por la ciudadanía, la primera en 1989 y la segunda el año pasado, cuando se votó en simultáneo con las elecciones presidenciales que consagraron el triunfo de José Mujica.
El canciller Luis Almagro, uno de los defensores de la nueva interpretación de la norma, explicó los alcances de la medida. “Ahora lo que se procura es declarar sin valor jurídico tres artículos (1, 3 y 4), aunque no la derogación, ni la derogación total.” Almagro dijo que se busca que los argumentos jurídicos “sean aún más irrebatibles”, sin “flancos abiertos” para los cuestionamientos de organismos internacionales que han criticado al país por esta disposición.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los organismos que tiene a Uruguay en el banquillo por el caso de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, secuestrada en Buenos Aires y presumiblemente asesinada en Uruguay, tras su traslado clandestino en 1976. La familia Gelman presentó una demanda en ese tribunal internacional que había fijado una audiencia para principios de este mes en Quito, pero fue aplazada debido a la crisis política que estalló por esos días en Ecuador.
El texto interpretativo de la amnistía pasará ahora al Senado, donde el resultado es incierto, ya que si bien el oficialismo tiene 17 bancas (se requieren 16 votos), dos legisladores frenteamplistas –Rodolfo Nin y Jorge Saravia– se distanciaron de la propuesta. El senador Saravia reafirmó, tras conocerse el resultado de la votación en la Cámara baja, que no está dispuesto a acompañar el proyecto, aun ante las advertencias de que podría ser sometido a un tribunal de ética de la coalición progresista.
En una posición similar está el senador Rodolfo Nin Novoa, que fue vicepresidente del país durante el período del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010).
Ante la posición díscola de los dos senadores, el canciller fue rotundo. “No estamos haciendo juegos políticos. Es un tema de protección efectiva de los derechos humanos. La ley de Caducidad impide el acceso a la Justicia en algunos casos de violaciones a los derechos humanos.” El ministro recalcó que “el proyecto fue aprobado en una comisión del FA, después por la Mesa Política, en el Plenario y llegó a la instancia legislativa. La fuerza política debe cerrar filas; es una cuestión de principios”.
Almagro llamó a la unidad del Frente Amplio de cara al debate en la Cámara alta. “Definitivamente hay que poner aquellos derechos que están en la Constitución y en tratados internacionales por encima de cualquier consideración. Estoy de acuerdo con la disciplina partidaria.”
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