La Justicia uruguaya dictó ayer la prisión preventiva al general Miguel Angel Dalmao, el primer militar en actividad enviado a la cárcel por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El juez Rolando Vomero procesó a Dalmao y al general retirado José Chialanza por el asesinato en 1974 de la joven docente y militante comunista Nibia Sabalsagaray.

La mujer era profesora de Literatura en Colonia. El 29 de junio de ese año, Sabalsagaray fue detenida y trasladada al Batallón de Transmisiones 1 del Ejército, donde Dalmao se desempeñaba como alférez. Horas después de su detención, los militares dijeron que la muchacha se había suicidado, argumento que fue siempre de-sestimado por los familiares y por sus abogados patrocinantes.

El homicidio de Sabalsagaray fue excluido de la Ley de Caducidad, la norma que, desde 1986, deja sin castigo a quienes cometieron crímenes aberrantes durante la dictadura uruguaya. En octubre del año pasado, la Corte Suprema uruguaya había declarado inconstitucional esa norma en el caso Sabalsagaray, habilitando a los magistrados a avanzar en la investigación judicial. El gobernante Frente Amplio impulsa actualmente un proyecto que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad para evitar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione al país cuando trate, en los próximos días, la denuncia presentada por Macarena Gelman por la desaparición de su madre, María Claudia García Iruretagoyena.

Dalmao, que hasta ayer ejercía como comandante de la División de Ejército 4, cumplirá prisión junto con Chialanza en una cárcel especial para militares en Montevideo. Allí se encuentran recluidos 17 represores, entre los que está el ex dictador Gregorio “Goyo” Alvarez. La decisión de encarcelar a un militar en actividad puede no caer bien entre sus compañeros de armas. Las fuerzas militares uruguayas mantuvieron durante los últimos meses fricciones con el gobierno de José Mujica. La reducción del presupuesto y los planes para reformar las Fuerzas Armadas mantienen en alerta a los uniformados. Hace dos semanas, el jefe del Ejército, Jorge Rosales, fue amonestado por el Ejecutivo por defender la permanencia de la Ley de Caducidad en un acto en el que también se respaldó a Dalmao por las investigaciones a las que estaba siendo sometido.