Hace tres semanas que Colombia vive horrorizada por el crimen de tres chicos en manos del ejército, ocurrido en la región norteña de Arauca. Los hermanos Torres Jaimes aparecieron el 16 de octubre enterrados con signos de haber sido torturados. La más grande, de catorce años, fue violada por un subteniente, que reconoció su responsabilidad en ese delito, pero que negó ser el autor de los homicidios. El padre de las víctimas y las organizaciones humanitarias de la zona reclaman que se castigue a los culpables.

Jenny tenía catorce años y la responsabilidad de cuidar y cocinar para sus hermanos menores, Jimmy Ferney, de nueve años, y Jeferson Jovany, de seis años. El 14 de octubre, los tres chicos almorzaron con su padre, Alvaro José Torres. Después, el hombre se fue a trabajar al campo y dejó a sus hijos en el humilde rancho en el que vivían. Después, volvió a casa y no los halló. Desde allí empezó la búsqueda de los habitantes de Tame y el 16 de octubre encontraron el horror. En una fosa descubrieron a los dos nenes menores. En otra, a la adolescente.

Los tres cuerpos estaban a medio vestir y con heridas de un arma cortopunzante en el cuello, la espalda y la cabeza. De acuerdo con lo que informaron los medios colombianos, los niños fueron asesinados con machetes. Desde un primer momento, las sospechas recayeron sobre los integrantes de la Compañía Buitres, pertenecientes a la Brigada Móvil 5. Los vecinos relataron que los militares habían visitado en dos oportunidades el rancho de los Torres Jaimes para buscar víveres.

Más precisamente, se vinculó al subteniente Rául Muñoz Linares, que reconoció haber ultrajado a Jenny y a otra adolescente unos días antes, pero negó haber perpetrado los asesinatos. El 2 de noviembre, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el almirante Edgar Cely, destituyó a Muñoz y otros seis uniformados por el asesinato de los tres chicos. Cely también anunció que se extremarían los recaudos a la hora de incorporar personal a las fuerzas. Mientras tanto, los fiscales investigan a los 60 miembros del batallón que operaba en la zona. “Pido a la Fiscalía General de la Nación, al presidente Juan Manuel Santos y a las fuerzas militares esclarecer totalmente los hechos y hallar a todos los responsables del crimen de mis hijitos y castigarlos con todo el peso de la ley”, escribió Alvaro Torres.

La Casa de Nariño está inquieta por el crimen que, por su gravedad, generó que una delegación de las Naciones Unidas empiece a investigar el caso. A poco de conocerse la noticia, el mandatario colombiano dijo: “Que caiga el peso de la ley, todo el peso de la ley sobre esos desadaptados, esos sátiros, esos cobardes que fueron capaces de atentar contra nuestros niños”. El vicepresidente Angelino Garzón se sumó al repudio y catalogó los homicidios como delitos de lesa humanidad. Ayer el presidente del Congreso colombiano, Armando Benedetti, informó que una comisión del Senado sesionará el jueves próximo en Tame y a esa audiencia deberá acudir el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera. Días atrás, la Cámara alta había anunciado la creación de una comisión investigadora liderada por la senadora Gilma Jiménez, del Partido Verde. “No hay ningún resultado porque se ha limitado a que se le pida perdón a la familia. Es interesante, pero antes debe haber verdad, reparación y garantías de que estos hechos no van a volver a repetirse en Colombia”, dijo a este diario el diputado departamental Ferney Tique Vargas.

Un informe de la Defensoría del Pueblo de Bogotá reveló que once niños fueron asesinados en Arauca en lo que va del año. “La situación de los derechos humanos en esta región es de una gravedad enorme. Hay constantes asesinatos, masacres y secuestros de personas”, relató Tique Vargas. El parlamentario del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo agregó: “Hay una crisis humanitaria enorme y seguimos a la espera de que las autoridades adopten alguna medida. Creemos que el hecho es de una gravedad suprema porque son niños sus víctimas y quienes están siendo responsabilizados son miembros del ejército”. Tique Vargas comentó a Página/12 que desde las organizaciones humanitarias están impulsando que la procuradoría general trate el caso y sancione a los funcionarios públicos que resulten responsables de los crímenes de los hermanitos.

Informe: Luciana Bertoia.