España pidió ayer a Marruecos una aclaración “urgente” de los sucesos violentos ocurridos en el desmantelamiento de un campamento en el Sahara Occidental, en los que murieron varias personas, incluido un español, aunque evitó condenar la actuación de Rabat.

“España considera que deben esclarecerse de manera urgente las circunstancias en que se produjeron los hechos y así se lo hemos trasladado al gobierno de Marruecos”, aseguró la canciller española Trinidad Jiménez durante la habitual rueda de prensa posterior al semanal consejo de ministros español. “Hemos solicitado a las autoridades marroquíes aclaración sobre las circunstancias sobre el fallecimiento del ciudadano español Baby Hamadi Buyema”, agregó la ministra, refiriéndose a lo ocurrido durante los disturbios que sucedieron al desmantelamiento del campamento de saharauis.

Las fuerzas del orden marroquíes asaltaron el pasado lunes a El Aaiún, la principal ciudad del Sahara Occidental, un campamento levantado por los saharauis para protestar contra sus condiciones de vida. El desalojo y los posteriores enfrentamientos entre saharauis y policías que siguieron a este asalto dejó un balance de once muertos, diez de ellos miembros de las fuerzas del orden, y la detención de 163 personas, según un informe oficial marroquí.

El Frente Polisario, movimiento que reivindica la independencia del Sahara Occidental, antigua colonia española, anexada en 1975 por Marruecos, acusó a Rabat de haber causado decenas de muertes. Entre ellas se encontraría la del español fallecido, Ayer, en una rueda de prensa en Alicante su hermano, Lehmad Hamday Buyema, acusó a la policía marroquí de asesinarlo. Según Lehmad, su hermano fue arrollado a propósito por un patrullero.

“Apelamos a las partes a que retomen la vía del diálogo y hacemos un llamamiento a la contención para que se restablezca la total normalidad en la zona”, exhortó la canciller española. Asimismo, Jiménez consideró positivo que Rabat y el Frente Polisario hayan mantenido su diálogo en Nueva York bajo los auspicios de las ONU.

Sin embargo, evitó condenar los sucesos de El Aaiún. “Para condenar habría que tener un conocimiento completo de cuáles han sido los hechos que se han producido”, afirmó, añadiendo que todavía están a la espera de que algún organismo internacional ofrezca un balance de lo ocurrido.

Jiménez también solicitó a Marruecos que facilite el acceso a los medios de comunicación a El Aaiún, donde Rabat ha impuesto un cerrojo informativo.

Este viernes, las autoridades marroquíes impidieron a nueve periodistas españoles bajar del avión que los había trasladado a El Aaiún, siendo devueltos a su país junto a otros tres compañeros de la radio Cadena Ser, expulsados por Rabat, constató una fotógrafa de AFP. Las autoridades marroquíes también retiraron su acreditación al corresponsal del diario español ABC en Marruecos, Luis de Vega, quien habría incurrido en reiterados “incumplimientos a las reglas de la profesión”.

“No entiendo esta decisión porque trabajo desde hace varios años en Marruecos y sigo haciéndolo en el respeto de la ley y de las normas del periodismo”, declaró el periodista a la AFP.

El gobierno es consciente de la sensibilidad del caso entre los españoles, la mayoría partidarios de los saharauis, dijo Jiménez. Pero la canciller aclaró que las relaciones con Marruecos son una prioridad de nuestra política exterior para su gobierno, ya que se trata de una política de Estado. “Una política que está justificada por diversas razones de orden estratégico, es una relación esencial que debemos mantener, y debemos defender, basada en razones de seguridad, en la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, en la gestión conjunta de los flujos migratorios y también las relaciones comerciales y económicas”, concluyó la ministra.

Anteayer, en un reportaje publicado por este diario, el delegado saharaui para América latina, Hash Ahmed, cargó a España con la responsabilidad política por el asalto al campamento e instó al gobierno de Rodríguez Zapatero a romper relaciones con el gobierno marroquí. “Los muertos, en la práctica, son de España, porque la administración (del campamento) le corresponde a ese país”, acusó el representante saharaui.