¿Por qué no tenemos relaciones con la República Arabe Democrática Saharaui? Esta ex colonia española en el Norte de Africa fue brutalmente agredida por Marruecos días atrás para disolver, a sangre y fuego, una protesta pacífica de los saharauíes. La brutal represión se produjo ante la indiferencia de su antigua “Madre Patria”, más preocupada por preservar las “buenas relaciones” con Marruecos para no perjudicar a sus enclaves coloniales en Ceuta y Melilla que en defender los derechos y la integridad física de quienes, dado el status semicolonial de la RADS, aún son sus súbditos. Y la deshonrosa conducta de Francia, que desde el Consejo de Seguridad de la ONU ha venido vetando toda iniciativa destinada a autorizar a los Cascos Azules de Naciones Unidas para ampliar sus competencias en materia de derechos humanos y evitar las reiteradas agresiones de Marruecos. Aparte de muchas otras razones que deberían acelerar el establecimiento de relaciones diplomáticas con la RADS hay dos que son bien significativas: primero, porque con ese país compartimos entre otras cosas nada menos que el idioma y con él todo un conjunto de elementos culturales propios de la colonización española. Segundo, Argentina forma junto con Brasil y Chile el sorprendente trío de países que en América latina todavía no reconoce al Estado saharaui. No son los únicos, es cierto: Perú lo había reconocido pero recientemente puso fin al vínculo; y Colombia lo suspendió. Pero México, Cuba, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela, entre otros, mantienen relaciones diplomáticas con la RADS. Lo mismo ocurre con la gran mayoría de las naciones africanas. Pero además hay que recordar que en el vasto territorio de ese país se encuentra el “muro de la infamia” más largo del mundo (de unos 2500 kilómetros, unas 60 veces más extenso que el difunto Muro de Berlín), que desde hace más de treinta y cinco años ha dividido familias y regiones para provecho de sus saqueadores. Un muro, además, en cuyas inmediaciones se encuentra la que probablemente sea la mayor concentración de minas antipersonales del mundo, lo que constituye una flagrante violación a los derechos humanos. La semana pasada una nutrida audiencia convocada por la Cámara de Diputados escuchó las declaraciones de muchas organizaciones y testimonios personales exhortando a nuestro país a poner fin a tan injusta situación. El irrestricto respeto a los derechos humanos no puede ser sólo materia de política doméstica. Los 4500 desaparecidos saharauíes, sobre una población que no llega a los 300.000, exigen, como los nuestros, juicio y castigo. La Argentina avanzó mucho en este terreno, pero ese progreso también nos obliga a ratificar, en la política exterior, la vigencia de los derechos humanos.