Los que se oponen al plan de Obama de cerrar Guantánamo y enjuiciar a los reclusos en las cortes estadounidenses obtuvieran ayer un veredicto agridulce. Se dictó sentencia en el caso de Ahmed Ghailani, imputado de poner una bomba en una embajada africana. “Es una vergüenza”, dijo Pete Hoekstra, el republicano con más poder en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. El parlamentario agregó que esperaba que el resultado persuadiera al fiscal general, Eric Holder, acerca de que los sospechosos de terrorismo y la Justicia civil no van unidos. El primer detenido de Guantánamo que fue enjuiciado en suelo estadounidense fue acusado de conspirar para volar edificios gubernamentales en conexión con ataques de la red Al Qaida contra dos embajadas africanas, ocurridas en 1998. Al hombre se le quitaron otros 280 cargos en su contra, incluidas 224 acusaciones por asesinato. Pero fue declarado culpable en un cargo por conspirar para dañar propiedad federal. Aún no fue sentenciado, pero funcionarios del Departamento de Justicia dicen que deberá afrontar una pena mínima de 20 años y, quizás, una condena de por vida.

El resultado de este juicio marca otro retroceso político para Obama, quien prometió al asumir cerrar Guantánamo en un plazo de doce meses.

Lindsey Graham, un senador republicano que podría ser clave en cualquier negociación para terminar con la base, estaba entre los que protestaron por la sentencia en el juicio a Ghailani. El parlamentario denunció que el Departamento de Justicia estaba poniendo al país en peligro al “criminalizar la guerra”. Y agregó: “Estamos en guerra con Al Qaida. Los miembros de esa organización y sus socios deben ser tratados como combatientes, no como delincuentes comunes”. Obama planeaba repatriar a algunos de los detenidos y trasladar al resto a una prisión reformada y aislada en Illinois. Pero la oposición a su proyecto no tardó en llegar.

Mientras tanto, el gobierno británico accedió a incrementar sus esfuerzos para traer a casa al último de sus ciudadanos que está en Guantánamo. Es parte de un acuerdo multimillonario para ponerle fin a las denuncias legales que acusan al servicio de inteligencia inglés de haber participado en torturas.

Shaker Aamer, uno de los 16 británicos que se beneficiaron con el plan de compensación anunciado esta semana, estuvo en la base naval estadounidense por casi nueve años. La preocupación porque Aamer siguiera detenido formó parte de las negociaciones entre los antiguos reclusos y el ministro de Justicia. Aamer no fue acusado de ningún delito. El hombre de 42 años está casado con una británica y vivía, junto a sus cuatro hijos, en Londres antes de que lo detuvieran en 2002 en Afganistán.

En Washington, el canciller británico, William Hague, y la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, abordaron el miércoles el caso de Aamer. Los defensores de Aamer creen que el acuerdo representa un avance significativo en medio de la campaña para traer al londinense de regreso a casa. Argumentan que las agencias de seguridad estadounidenses estarían aplacadas por el acuerdo alcanzado con los detenidos británicos de Guantánamo, que puso fin a los litigios.

La administración de Barack Obama expresó su rechazo ante la amenaza de que los tribunales ordenen aportar otra información sensible de la CIA mientras se tratan querellas por torturas en el Reino Unido. Un vocero de la Cancillería de Gran Bretaña confirmó que el caso de Aamer era una prioridad para el gobierno, pero agregó que la “última decisión” acerca de su liberación estaba en manos de la gestión de Obama.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.