Un grupo de familiares de asesinados durante la dictadura de Augusto Pinochet se encadenó ayer durante horas en una sede del Ministerio del Interior chileno. Los familiares reclamaron que el gobierno de Sebastián Piñera presente las querellas por asesinatos y no sólo por desaparecidos, como viene haciendo hasta ahora su gobierno.

“Fue una toma”, contó a este diario Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Una decena de integrantes de ese organismo entró a la sede del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior chileno, mientras a sus espaldas otros compañeros cerraban con un candado las puertas de esa dependencia ubicada en pleno centro de Santiago. “Lo hicimos para demostrar la actitud de intolerancia y del poco compromiso del gobierno de Sebastián Piñera”, afirmó Lira. “El gobierno invisibiliza el problema de los ejecutados y no cumple con los tratados internacionales que establecen que el Estado tiene una obligación con las víctimas”, añadió.

Cuando llegaron los funcionarios de la dependencia y se encontraron con la cadena, se abrió un diálogo de puerta a puerta. Los activistas reclamaron que el Ejecutivo presente unas 70 querellas para que la Justicia trate los casos de los asesinados durante el régimen de Pinochet. Lira explicó que hace más de siete meses que las autoridades chilenas no llevan a la Justicia ninguna denuncia para que se investigue a los responsables de más de 1100 ejecuciones perpetradas entre 1973 y 1990. Los encadenados hicieron saber que la AFEP había pedido en cinco oportunidades una entrevista con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, pero que no había habido respuesta. “No han presentado ni una querella, y encima se reúnen con violadores de los derechos humanos”, les enrostró Lira, refiriéndose a un encuentro de Piñera con oficiales retirados.

Después de más de cuatro horas de encierro, se hizo presente la asesora del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, y convenció a los miembros de la AFEP de reunirse en La Moneda con el “número dos” de Hinzpeter. Los familiares entonces abrieron el candado y partieron a la casa de gobierno, donde Ubilla se comprometió a revisar las querellas que prepararon los abogados del Programa de Derechos Humanos. El funcionario prometió tener una respuesta para el próximo 27 de noviembre. “Si no cumple, tomaremos una medida similar”, adelantó a Página/12 la presidenta de AFEP.

Durante la dictadura al menos 1183 personas desaparecieron, 2008 fueron asesinadas y más de 28 mil pasaron por las cárceles. Según fuentes oficiales, de los 200 represores que fueron condenados en los últimos 15 años, sólo unos 70 están encarcelados.

Informe: Luciana Bertoia.