El estado de alarma va a continuar en España, si es que así lo ratifican los legisladores. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó pedir al Congreso una prórroga del estado de alarma que rige en el país hasta el 15 de enero, con el objetivo de garantizar el tráfico aéreo durante las vacaciones de Navidad.

“Creemos que es lo que necesitamos para garantizar que todo vuelva a ser como antes del día 3 de diciembre” (cuando comenzó la protesta de los controladores que obligó al cierre del espacio aéreo durante veinte horas), dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero y ministro de Interior. El funcionario dio una conferencia de prensa al término de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros convocada por Zapatero para aprobar esta medida, que deberá ser sometida a votación en el Parlamento para su validación.

La Cámara baja debatirá la medida mañana y previsiblemente la aprobará, ya que tanto los nacionalistas vascos (PNV) como los catalanes (CiU) han dicho que apoyarán al Ejecutivo y sus votos, unidos a los socialistas, son suficientes. El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, el principal de la oposición, se ha mostrado hasta el momento reticente a la prórroga, si bien no la ha rechazado de plano. La secretaria general del conservador PP, Dolores de Cospedal, escondió la opinión de los populares al decir que “para prorrogar el estado de alarma hay que informar sobre la necesidad” de hacerlo. La formación decidirá si respalda o no al oficialismo si el Ejecutivo aclara qué ha hecho estos días para encontrar una solución al conflicto laboral.

El presidente del gobierno no asistirá al pleno ya que tiene que viajar a Bruselas para participar en el Consejo Europeo. Será el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, quien defenderá la disposición y pedirá el apoyo parlamentario para ella. Ayer, el ministro de Fomento, José Blanco, compareció en la comisión del Congreso donde expresó que la respuesta del gobierno al “sabotaje” de los controladores “será tan contundente como grave el desafío”.

Todo comenzó en la tarde del viernes 3 de diciembre. La mayoría de los controladores aéreos del país comenzó a ausentarse de su puesto de trabajo, obligando a cerrar el espacio aéreo español en unas fechas de gran afluencia de pasajeros en los aeropuertos por un puente de varios días festivos.

El estado de alarma, inédito en la democracia española, fue decretado al día siguiente debido a que la huelga encubierta de los controladores aéreos afectó a más de 600 mil pasajeros y ocasionó pérdidas estimadas en cientos de millones de euros.

Los controladores alegaron que su protesta fue consecuencia de la regulación por parte del gobierno del máximo de horas que pueden trabajar. El Ejecutivo redujo las horas extra permitidas y descontó del total de horas trabajadas al año las ausencias por cursos de formación y permisos sindicales, entre otras.

“Los acontecimientos fueron gravísimos y la prórroga es necesaria”, insistió el portavoz del gobierno y ministro de Interior. “Los ciudadanos viajan más estos días y hay que ser rigurosos en todos los sistemas que rodean la navegación aérea”, añadió Rubalcaba de cara a las vacaciones de Navidad y las fiestas de fin de año.

En tanto, el conflicto que originó la huelga sigue abierto y tras la medida de excepción los trabajadores del sector siguen negándose a declarar ante la Justicia hasta que el Tribunal Supremo español decida sobre la legalidad de su militarización.

Queda abierto el interrogante de qué ocurrirá una vez que finalice la prórroga, ya que el conflicto está vigente desde hace más de 10 meses y no tiene visos de resolverse. “Lo que suceda después del día 15 (de enero) se debatirá”, dijo Rubalcaba al ser preguntado sobre la situación.