El Congreso colombiano aprobó ayer un proyecto que beneficia a unos 17 mil paramilitares de bajo rango. El presidente Juan Manuel Santos debe aún ratificar la iniciativa, lo que desde la oposición entienden que será un mero trámite. El oficialismo insiste en que impulsó esa norma para recuperar la calma en el proceso que permitió en 2003 y en 2006 desmovilizar a estos agentes. El centroizquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) adelantó que acudirá a la Corte Constitucional de Bogotá para que anule la ley.

Durante la gestión de Alvaro Uribe, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que supuso la desmovilización de unos 32 mil integrantes de esa organización ultraderechista. De ese total, se calcula que unos 17 mil lograron evadir la cárcel porque suspuestamente no estaban involucrados en crímenes de lesa humanidad. Pero la calma de esos paramilitares se derrumbó el mes pasado cuando la Corte Constitucional derogó el decreto que suspendía los procesos penales en su contra.

Desde el gobierno de Santos, entendieron que había que poner paños fríos a la situación. Por eso, el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley para enmendar el problema y evitar que esos 17 mil paramilitares tuvieran que dar explicaciones ante la Justicia. La Cámara de Diputados aprobó el lunes la iniciativa y el miércoles, el Senado le dio al proyecto la media sanción que faltaba. Todavía falta que el mandatario colombiano ratifique la ley, lo que sucedería en las próximas semanas. Aún no se conoció el texto definitivo de la norma, pero se sabe que por ella se crea una Comisión de Verdad, que será la encargada de investigar los delitos perpetrados por los miembros de la AUC.

“La ley riñe con los principios de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de los grupos paramilitares. Es una iniciativa que no responde a los derechos de las víctimas”, denunció el diputado Iván Cepeda, del PDA. El referente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado adelantó que desde esa fuerza política irán a la Corte Constitucional para que ese tribunal declare inconstitucional la norma, dijo Cepeda a Página/12.

Informe: Luciana Bertoia.