Al cierre de esta edición, la Asamblea Nacional (AN) venezolana se encontraba en pleno debate de la ley Habilitante. La norma, que cuenta con la venia de la Primera Discusión, es la tercera que logra el gobierno, que ya contó con una similar en 2007 y otra al inicio de su gestión, en 2001. De convertirse en ley –algo que se da por descontado en un Parlamento dominado por el oficialismo–, permitirá al jefe de Estado, Hugo Chávez, legislar en el ámbito socioeconómico del país, a través de medidas que apuntarán a la infraestructura, la vivienda y el uso de la tierra urbana y rural, entre otros sectores, durante los próximos 12 meses. La oposición, por su parte, consideró que su aprobación es “un atentado a la democracia”.

“Urge generar un marco legal específico que acelere y dinamice las políticas y acciones tendientes a garantizar soluciones adecuadas a la grave problemática social y económica derivada de la crisis”, plantea el proyecto de la ley Habilitante. El Ejecutivo la elaboró con la intención de acotar el camino entre la elaboración de programas para solucionar las consecuencias de las inundaciones que castigaron a Venezuela durante las últimas semanas y su aprobación en la Asamblea Nacional.

El diputado Carlos Escarrá aseguró a Página/12 que “es necesario un marco jurídico que permita aplicar medidas de manera urgente para responder a las adversidades generadas por las recientes lluvias”. Su par Manuel Grillo especificó que “entre las propuestas ya ideadas figura el incremento de un impuesto a las clases de mayor nivel adquisitivo, a las grandes empresas e industrias, cuya recaudación será destinada a la población afectada por las inundaciones”. “Venezuela tiene una deuda histórica con las condiciones de hábitat de los pobres, que empeoró con las lluvias”, remarcó. Incluso el propio Chávez destacó que ya cuenta con una veintena de instrumentos jurídicos para decretar si obtiene los poderes especiales, a fin de atender la emergencia en todo el país.

La norma libera de la consideración de la Asamblea Nacional sólo a aquellas medidas y programas de naturaleza territorial, políticas, sociales y económicas que respondan a los sectores de infraestructura, transporte, servicios públicos, vivienda y hábitat, ordenamiento territorial, uso de la tierra urbana y rural. Además, a los ámbitos financiero, tributario, de seguridad ciudadana y jurídica, seguridad y defensa integral y cooperación internacional.

Por su parte, el legislador Eddy Gómez explicó que, de aprobarse la norma, “las diferentes carteras gubernamentales diseñarán los programas, que luego serán evaluados en un Consejo de Ministros y recién después convertidos en ley por el presidente. Durante un año, la asamblea confiará en el Ejecutivo la elaboración de estrategias de lucha y soluciones”.

Blanco fácil de las críticas opositoras, la ley forma parte de un paquete de normas que el oficialismo dispuso a debate en las últimas semanas. Cinco de ellas fueron aprobadas anteayer.

El tratamiento de la Habilitante se atrasó debido al debate de la reforma de la Ley de Partidos Políticos, que se extendió por más de cuatro horas durante la jornada de ayer, aunque resultó exitosa para el oficialismo.

La Mesa de la Unidad Democrática consideró que la batería legislativa refleja que el oficialismo tiene miedo. “Están legislando como no lo han hecho en 11 años porque se les acaba el tiempo y estamos a punto de incorporarnos a la Asamblea para imprimirle el cambio de dirección, que es lo que necesitamos los venezolanos”, manifestó el diputado electo Eduardo Gómez. A partir del 5 de enero, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) perderá la inmensa mayoría con la que cuenta en el Parlamento, que pasará a estar conformado por 98 legisladores oficialistas y 65 opositores. El MUD y algunos espacios opositores más conformaron ayer la Junta de Coordinación del grupo Parlamentario de la Unidad, con la supuesta finalidad de fijar objetivos, coordinar acciones y presentar un frente común ante el oficialismo.