Desde París

El coronel argentino José Osvaldo Riveiro siguió los pasos del capitán Astiz y se convirtió en el segundo militar argentino condenado en los tribunales franceses por su participación en la desaparición de personas. Ayer, el Tribunal de lo Criminal de París, presidido por el juez Hervé Stephan, condenó a una docena de militares chilenos, entre los que se encuentra el ex jefe de la DINA, el general Contreras, a un civil chileno y al militar argentino a penas que van desde los 15 años de prisión hasta cadena perpetua por la desaparición de cuatro franceses durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Manuel Contreras, fundador de la policía secreta del pinochetismo, la DINA, está hoy entre rejas pero la Justicia francesa le agregó cadena perpetua. El otro condenado a esa pena máxima fue su número dos en la DINA, el general retirado Pedro Octavio Espinoza Bravo. En cuanto al argentino José Osvaldo Riveiro –en libertad–, el tribunal lo sentenció a 25 años de cárcel. Las sentencias dictadas el viernes cierran un largo y combativo proceso iniciado en Francia por la abogada Sophie Thonon y el abogado William Bourdon. El juez Le Loire emprendió la instrucción de los casos aceptados por la Justicia en octubre de 1988 y la jueza Sophie Clément terminó por ordenar la acusación ante la Corte en febrero de 2007. Las sentencias fueron mucho más lejos que las penas reclamadas por el fiscal, Pierre Kramer, quien había requerido penas que oscilaban entre los 15 y 20 años de cárcel. Los franceses Georges Klein, consejero de Salvador Allende, el ex sacerdote Etienne Pesle, que trabajaba en la reforma agraria y Alphonse Chanfreau, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), desaparecieron en Chile entre 1973 y 1975. Jean-Yves Claudet, militante del MIR, desapareció apenas llegó a Buenos Aires en un operativo que implica a José Osvaldo Riveiro.

Como todo acto de justicia, que produce verdad y reparación moral, los familiares de las víctimas celebraron el juicio organizado en Francia contra estos 14 representantes de las peores horas de la historia de América del Sur. “Ninguna sentencia me va a devolver a mi padre, pero es un precedente importante para otras víctimas en Chile y en América latina”, dijo ayer Roberto Pesle. La víspera de la sentencia, los abogados y los familiares pidieron al tribunal que “les restituya la dignidad” y, a través de esa instancia, a “todas las víctimas que nunca podrán acudir ante la Justicia”.

Sophie Thonon, que defiende a la familia Claudet, había aclarado también que “éste no es sólo el proceso de los cuatro franceses, sino de todas las víctimas que nunca podrán acudir ante la Justicia”. Un juicio en ausencia tiene matices muy fuertes. Los acusados no están y las víctimas están desaparecidas pero la memoria de los familiares es un flujo que da vida a los desaparecidos y un Código Penal que acorrala a los torturadores, en eso que el abogado William Bourdon llamó el “habitáculo de la cobardía”.

Después de la condena a cadena perpetua de Alfredo Astiz (1990) por la desaparición de dos religiosas francesas, Alice Domon y Leónie Duquet, este juicio repara un vicio de impunidad de la Justicia chilena ante la desaparición de personas, un acto que Sophie Thonon calificó de “asesinato de los muertos”.

El caso del coronel argentino José Osvaldo Riveiro, alias “Balita” para sus socios de crimen y “Rawson” como lo mencionan los documentos secretos, ilustra hasta la vergüenza la forma en que los criminales lograron escapar de la Justicia. Riveiro está implicado en la desaparición de Jean-Yves Claudet, que era un militante del MIR chileno, responsable de las relaciones internacionales. Claudet hacía de correo de enlace entre los miembros del MIR que estaban exiliados en Francia y los que se encontraban en la Argentina. Tenía contactos con Edgardo Enríquez, hermano del secretario general del MIR, líder de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR). René Valenzuela, responsable en París de la infraestructura del MIR en el exterior, contó que Edgardo Enríquez se encargaba de la organización de “las relaciones políticas internacionales con movimientos, países, y los grupos de apoyo de chilenos y extranjeros creados en el exterior”. La DINA buscaba a Enríquez pero antes encontró a Jean-Yves Claudet.

El agente de la DINA en la Argentina, Enrique Arancibia Clavel, detalló el arresto de Claudet con suma precisión. En un memorando que Arancibia Clavel envió a Chile escribió: “Cayó un correo de la JCR, francés, aparentemente de apellido Claudet. Dentro de sus pertenencias se encontraron 97 microfilms, con las últimas instrucciones desde París. Después del interrogatorio del mencionado Claudet, se logró determinar sólo que era correo de la JCR. Se le tomaron solamente fotografías. Claudet ya no existe”.

Riveiro secuestró a Claudet el día en que el francés llegó a Buenos Aires, el 1º de noviembre de 1975. Jean-Yves Claudet fue capturado en el Hotel Liberty, situado en la Avenida Corrientes. Riveiro se escabulló siempre de la Justicia. A sus 77 años sigue libre. El acomodado coronel actuó dentro del círculo de Guillermo Suárez Mason como cerebro del Batallón 601. En los años ’80 trabajó con el gobierno de Honduras y hasta llegó a entrenar a la contra nicaragüense en su guerra con los sandinistas. Su historial se prolonga en un vericueto de acciones represivas que constan en los Archivos del Terror.

Recién en diciembre de 2001 el represor argentino vio pasar la sombra de la ley. Un pedido del juez francés Roger Le Loire condujo al juez argentino Sergio Torres a encarcelar “preventivamente” a Riveiro con vistas a una eventual extradición. Estuvo detenido poco más de un mes. Pero en su fuga estrepitosa, el gobierno de Fernando de la Rúa había decidido unos días antes que la Argentina rechazaría cualquier pedido de extradición cursada por jueces extranjeros. El Ejecutivo de De la Rúa sólo se comprometió a introducir a los culpables “ante la Justicia nacional si los jueces extranjeros aportan las pruebas necesarias”.

Las pruebas y las condenas necesarias las aportó y las pronunció la Justicia francesa. A Riveiro le cayeron 25 años de cárcel, igual que a su cómplice en el secuestro, el chileno Arancibia Clavel. El general Raúl Iturriaga, el coronel Gerardo Godoy García, el general Luis Ramírez Pineda y el suboficial Basclay Zapata Reyes también fueron sentenciados a 25 años. El general retirado Herman Julio Brady fue condenado a 30 años de cárcel, igual que los coroneles Marcelo Luis Moren Brito y Miguel Krasnoff Martchenko. El coronel Rafael Ahumada Valderrama salió con una condena de 20 años y Emilio Sandoval Poo con 15 años. Manuel Contreras y el general retirado Pedro Octavio Espinoza Bravo imitaron a Astiz: cadena perpetua. Estos oficiales chilenos, el coronel y el marino argentino figuran en los anales de la vergüenza universal, al igual que los sistemas judiciales que, en su momento, les regalaron la libertad por encima de las muertes que provocaron.