Desde La Paz

El gobernador de Tarija, Mario Cossío, fue suspendido de su cargo para que enfrente 20 acusaciones de corrupción, aparecidas en su anterior gestión prefectural, desde 2006 a 2010. El jueves pasado, cuando la Asamblea Legislativa Departamental votó su suspensión, fue la última vez que se lo vio. Varios funcionarios del oficialismo sugirieron que la autoridad, contraria al gobierno de Evo Morales, podría haberse fugado del país. Hoy un juez decidirá si lo mete preso o si puede defenderse en libertad. Otros gobernadores opositores, como el beniano Ernesto Suárez y el cruceño Rubén Costas, también enfrentan la posibilidad de que les prohíba entrar a la Gobernación mientras no acomoden sus asuntos con la Justicia. Como paradoja, el gobernador tarijeño fue separado del puesto gracias a la ley de Autonomías, sancionada meses atrás. La misma norma se aplicaría a Suárez, otro de los teóricos de la autonomía boliviana que hasta 2008 se reunía con los gobernadores de la Media Luna para desgastar la presidencia del aymara.

En las elecciones de abril de este año, Cossío había sido reelegido con el 48,9 por ciento, pocos votos por encima del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS). Pero la conformación de la Asamblea Legislativa Departamental perjudicó al tarijeño. Tenía 11 representantes de Camino al Cambio, formado por un grupo desprendido del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con intenciones de reciclarse. En la Asamblea departamental el MAS cuenta también con 11 legisladores. Otros cinco son de Poder Autonómico Nacional (PAN), opositor al gobernador.

La semana pasada, cuando tomó impulso la posibilidad de suspender a Cossío, había declarado que saldría de la Gobernación “muerto o por el voto del pueblo”. Para el miércoles pasado, la Justicia lo había acusado formalmente de ocasionar daño económico a los fondos públicos, además de otros 19 procesos por sospecha de corrupción. Entonces se atrincheró en la Gobernación, inició una huelga de hambre y reclamó que Bolivia se constituyera en Estado Federal. Su protesta concluyó al día siguiente, cuando el MAS, el PAN y los tres asambleístas indígenas votaron la suspensión. En 2008, los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, opositores al MAS, habían hecho elecciones sin el aval del Congreso nacional para aprobar los llamados “estatutos autonómicos departamentales”. El mismo año propusieron a Morales ir a referéndum revocatorio. Pero el aymara fue ratificado con el 67 por ciento y los opositores perdieron a los prefectos de La Paz y Cochabamba.

En septiembre de ese año, en el intento de golpe de Estado, la Media Luna quedó sin Leopoldo Fernández, entonces prefecto de Pando, ahora preso acusado de haber organizado la muerte de al menos 13 campesinos afines al MAS. En abril de este año, el MAS ganó seis gobernaciones. La Media Luna, que había recibido su nombre por su forma en el mapa boliviano, sobrevivió en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Orlando Mérida Coca vive en la comunidad San Martín del Anta, en el municipio de Bermejo, limítrofe con Argentina. Cree que la población tarijeña no se opuso a la suspensión de Cossío porque carece de apoyo. “Personalmente he visto que los funcionarios de la Gobernación obligaban a los empleados públicos a participar de las manifestaciones contra el Gobierno nacional, amenazando con echarlos si no lo hacían. Llevan trabajadores de sus empresas también. Y por si fuera poco tienen apoyo de los medios de comunicación privados”, dijo a Página/12 el campesino, secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib).

Suárez, el gobernador de Beni, también enfrenta la contingencia de que lo suspendan por denuncias de corrupción acumuladas. El cruceño Costas podría quedar como último gobernador de la Media Luna, mientras la Justicia busca vínculos de él con la banda separatista de Eduardo Rózsa Flores, desarticulada en Santa Cruz en abril de 2009.