Los medios de comunicación y la libertad de expresión son las nuevas municiones con las que se tirotean el oficialismo y la oposición venezolana. A través de la reforma de la ley de las telecomunicaciones, la Asamblea Nacional declaró de servicio público las actividades de establecimiento o explotación de canales de televisión y estaciones de radio. Además, integró Internet a los espacios regulados por otra norma sobre Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Para la oposición, la modificación de ambas normas es equiparable con la censura. El chavismo, por el contrario, sostiene que los arreglos no violan ningún derecho, sino que ratifican y amplifican la libertad de expresión.

El objetivo central de la nueva norma, según sus impulsores, es “establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de servicios de Internet y medios electrónicos, anunciantes y usuarios (...) para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses”.

Desde la oposición, la crítica más importante que se le hace a la nueva ley es que declara de interés público al sector de explotación de señales televisivas y radiofónicas. Hasta el lunes a la noche eran de interés general. A partir de ese momento, la ley establece que el Estado podrá “limitar y restringir las actividades que por razones de interés público lo requiera”. También someter esas actividades a parámetros de calidad y cobertura y obligar a sus concesionarios a prestar los servicios en condiciones preferenciales de acceso y precio para determinados actores, como escuelas y universidades.

Desde la llegada al poder de Hugo Chávez, una de las principales acusaciones que le hizo la oposición fue la de censurar o limitar la libertad de expresión. Varias veces intervino la SIP, pero en general las acusaciones no tuvieron sustento porque la mayoría de los grandes medios en Venezuela son de oposición dura.

En este caso, la nueva norma implicó una advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señaló que “impone requisitos desproporcionados para hacer imposible la continuidad de canales de televisión críticos”.

El diputado y periodista venezolano Earle Herrea explicó que Venezuela no es la única nación en el mundo donde se han adoptado leyes para regular el uso de Internet, “pues cada ciudadano debe responsabilizarse de los mensajes emitidos”.

“La iniciativa chavista sólo restringe, censura y autocensura”, aseguró la diputada integrante del Fuerza Humanista Pastora Medina que votó contra las nuevas leyes al igual que los diputados de Podemos.

El investigador y profesor Andrés Cañizález, de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, opinó que la recategorización significa “darle la potestad directa al Estado para garantizar que el servicio no se detenga en situaciones de crisis. Sin embargo, en los países sudamericanos y en especial en Venezuela, donde las instituciones no son independientes, la idea de servicio público remite sólo a un avance en el hambre interventora del Estado, en este caso del presidente Hugo Chávez”.

A los requisitos para acceder a una licencia especificados en la norma aprobada en 2000, la vicepresidencia de la República Bolivariana –quien diseñó la iniciativa– agregó que no podrán ser concesionarios ciudadanos de otros países ni aquellos que se encuentren detentando una licencia de la misma naturaleza en el momento. El trámite para conseguir una licencia es de carácter “personalísimo”, por lo que los permisos no pueden cederse, enajenarse, adquirirse o transmitirse por sucesión. Estos requisitos, que pueden ser polémicos, también comienzan a ser aplicados en otros países. Por último, la ley permite al Estado acceder a licencias y bienes afectados a ellas cuando esos permisos se extingan.

La segunda ley aprobada en la noche del lunes incluye prohibiciones para el anonimato en Internet y aplicará sanciones por ofensas a los funcionarios públicos o los llamados a desconocer al gobierno, así como también a los mensajes que hicieran apología del delito o fomenten zozobra en la ciudadanía.

“Los proveedores deberán asumir la responsabilidad por la difusión de mensajes a sancionar, pero falta de especificidad para determinar qué es zozobra, qué es apología y qué es incentivo al odio”, dijo Cañizales.

La periodista Maripili Hernández, por su parte, aclaró que la ley “busca optimizar el flujo de información y regular los medios de comunicación que usan como plataforma a Internet, pero que son de difusión masiva como páginas webs o blogs”. Y aclaró como parte de esta polémica, que la ley no contempla el bloqueo de redes sociales, portales de información, observancia de correos electrónicos o conversaciones, ni el establecimiento de censura previa.