El servicio de agua sanitaria dejará de ser público en Chile. El Ejecutivo anunció que venderá su participación en cuatro empresas dedicadas a la actividad por 1600 millones de dólares. El dinero sería destinado al proceso de reconstrucción tras el terremoto de febrero y a fortalecer otras empresas públicas. El Consejo de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), organismo encargado del manejo de los activos del Estado chileno, ya declaró que las acciones en cuestión son “prescindibles” y dio vía libre a la continuación de la operación.

“La administración consideró que las acciones se pueden poner en venta en su totalidad sin afectar la operatividad”, explicó el ministro de Economía chileno, Juan Andrés Fontaine. Por su parte, el titular de la cartera de Hacienda, Felipe Larraín, apuntó que los usuarios “van a seguir recibiendo los mismos servicios, sin cambio ninguno en las tarifas, porque dependen de un proceso que es distinto”.

La oposición, por su parte, rechazó el anuncio. “Esto es parte de la agenda oculta que el gobierno ha tenido siempre, que tiene que ver con la privatización del Estado”, señaló el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.

El Ejecutivo prevé, entre seis y nueve meses, vender el 35 por ciento de su propiedad de la empresa de agua potable y alcantarillado Aguas Andinas, la más grande del país, controlada por la española Aguas de Barcelona (Agbar). También considera deshacerse del 29 por ciento de la empresa Esval, que opera en el vecino puerto de Valparaíso; del 43 por ciento de Essbio, en la sureña región del Bío-Bío, y vender el 45 por ciento de Essal, en la región de Los Lagos, en el sur del país.