El gobierno de Evo Morales aceptó la exigencia de gran parte del pueblo boliviano y derogó la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos. Sin embargo, no abandonó esa idea: “El pueblo decidirá con el gobierno el momento para adoptar medidas que cierren las venas abiertas que sangran la economía por el pago de subvenciones a los combustibles”, expresó ayer el vicepresidente Alvaro García Linera. A una semana de la consecuente nivelación de precios del mercado interno de hidrocarburos a precio internacional, el funcionario apuntó a representantes de la oposición como los responsables por los disturbios que sucedieron durante las manifestaciones en contra de la medida. “Reaparecieron los derrotados y fracasados resabios del neoliberalismo y de la derecha extrema con el fin de desestabilizar al gobierno”, señaló.

En una entrevista concedida a la televisión boliviana y emitida en cadena nacional, García Linera detalló los motivos del gobierno para cortar los subsidios a los hidrocarburos, que durante 2010 alcanzaron los 388 millones de dólares, y analizó el costo político de dar marcha atrás en esa decisión. El funcionario negó que tras la derogación el gobierno haya salido golpeado. “Consultar al pueblo jamás es una derrota política. Por el contrario, se constituye en una victoria porque demostró que gobernamos obedeciendo el mandato del pueblo”, apuntó.

En cuanto a las razones, esbozó dos grandes motivos. Por un lado, la venta ilegal a países limítrofes a precios superiores a los del mercado interno. Según García Linera, el contrabando gana siete bolivianos por cada litro de nafta o gasoil. “Con el programa de subvención, el pueblo financia la compra cara de combustible en el extranjero y la venta barata en el mercado. Es mucha plata que, encima, se va en manos de gente corrupta, de malos bolivianos que lo venden de manera ilegal en fronteras con Perú, Chile, Argentina, Brasil. Con esa plata, podríamos haber construido 15 hospitales de primer nivel, pavimentado kilómetros de caminos o realizado conexión de alcantarillado a 1,6 millones de familias”, destacó.

Por otro lado, desmintió la versión que circuló en medios de tendencia opositora sobre la aprobación del decreto para tapar un déficit fiscal que quitaba el sueño al Gobierno. “Eso es falso. Fue una decisión para proteger la economía. Hay una nueva ley de Aduanas creada para evitar el contrabando; hemos metido incluso a las Fuerzas Armadas para controlar las fronteras, pero tendríamos que colocar un soldadito por metro para evitar la ilegalidad. No es suficiente”, remarcó.

Además, puso en duda la capacidad del Estado de continuar solventando el subsidio. “Es insostenible, no sabemos de dónde sacar dinero. El barril de petróleo aquí (por Bolivia) seguirá valiendo 27 dólares, pero se necesitarán 60 para producirlo. Y encima, la vena abierta de la ida del combustible a otros países se hará más grande”, consideró. En ese sentido, destacó que el gobierno reforzará las medidas de represión a esos actos ilegales y fomentará la producción local de crudo.

No obstante la derogación del decreto, el Ejecutivo boliviano sigue creyendo válidos los motivos que lo justifican. En ese sentido, explicó que su aplicación se debatirá con representantes de sindicatos y organizaciones sociales: “Las organizaciones sociales nos aconsejaron que no era el momento oportuno ni la manera de aplicar esas medidas, y les obedecimos. Pero además quedamos en acuerdo de continuar dialogando para descubrir juntos el camino de una eliminación gradual de ese subsidio que provoca el desangrado de la economía boliviana”, concluyó.

Además de descartar una ruptura con los movimientos sociales, el vicepresidente negó que las violentas protestas que se suscitaron durante la semana pasada en contra del gasolinazo hayan sido genuinas por completo: “El incendio a edificios estatales, la quema de banderas de Bolivia y de la Venezuela amiga, son todas expresiones del fascismo, no es la clase popular. Quien se aprovecha para atacar es la derecha”, apuntó. Por último, admitió que durante la semana de crisis se fugaron del sistema financiero depósitos por más de 200 millones de dólares a raíz de rumores sobre una presunta revaluación de la moneda local, por los que responsabilizó al dirigente opositor Samuel Doria Medina. “La noche del miércoles, dijo que tenía información de que el dólar bajaría de 7,04 a 5 bolivianos y sembró el miedo. Doria Medina hizo terrorismo financiero”, acusó.