Pocos días después de haber sido aprobada, y a horas del ingreso de la oposición en la Asamblea Nacional (AN), el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, vetó la ley de Educación Universitaria. “Estuve oyendo los reclamos y concluí que es inaplicable. Si la aprobara, la batalla ideológica se apagaría y se convertiría en otra cosa”, explicó el mandatario a la población a través de la cadena nacional. Además, pidió a los nuevos diputados que abrieran el debate por el cambio universitario a las organizaciones y agrupaciones de estudiantes, profesores, académicos y graduados. Durante el mismo discurso, Chávez negó un aumento en el Impuesto al Valor Agregado.

La nueva ley universitaria formó parte de la treintena de normas aprobada durante el estertor del Parlamento con mayoría oficialista casi absoluta. La oposición y las agrupaciones de estudiantes y profesores universitarios la rechazaron por considerar que coartaba la autonomía de las instituciones educativas. El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela, Diego Sharifker, envió una carta a Chávez en la que le explicaba las razones por las que la FCU consideraba inconstitucional la norma.

El mandatario mencionó ese documento durante su discurso. “Hay razones teóricas y políticas para el veto. Tras leer informes de agrupaciones y especialistas que recomendaban no aplicar la ley, decidí anularla. Pido perdón a la Asamblea Nacional y le pido que abra el debate”, apuntó Chávez.

Los movimientos de estudiantes aglutinados en la FCU repudiaron la norma desde su discusión en el antiguo recinto y amenazaron con movilizaciones masivas en todo el país si el gobierno no daba marcha atrás en su aplicación. “Creemos que fue un acto del gobierno para prevenir un levantamiento universitario nunca antes visto. El presidente respondió a la constancia de nuestra lucha”, consideró Sharifker, que además aprobó la convocatoria a los gremios y agrupaciones de estudiantes y graduados para debatir una nueva legislación.

La oposición también se manifestó satisfecha. “Son las primeras de muchas rectificaciones que se tienen que hacer en beneficio del país y del propio gobierno”, subrayó a los periodistas el coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Aveledo.

El lineamiento más resistido de la norma es aquel que depositaba en el ministro de Educación Universitaria las funciones del Consejo Nacional de Universidades, que acabaría siendo una Asamblea sin poderes. De haber sido promulgada la norma, el funcionario hubiera ejercido, por ejemplo, la administración, control, ejecución y supervisión de los recursos humanos y económicos de las instituciones de nivel superior.

“El otro aspecto delicado es el que plantea que la universidad tiene que contribuir a la construcción de la sociedad socialista. Una casa de altos estudios es un lugar de debate plural, no un espacio reproductor de una sola idea. No estamos en contra del socialismo, sino de su imposición como pensamiento único”, concluyó Sharifker.

Algunos referentes del bloque oficialista de la flamante AN respaldaron el veto presidencial ante los medios. Luego de asumir en sus funciones, el diputado Earle Herrera remarcó que la decisión del mandatario no era inédita. “El veto o la devolución de una ley a la AN demuestra la dialéctica que impera en Venezuela entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo”, opinó.

El legislador Luis Acuña explicó qué aspectos de la norma siguen apoyando: “Reivindicamos el carácter democrático de elección de las autoridades, la participación del pueblo en todas las decisiones universitarias, la separación de poderes dentro del ámbito académico y la capacidad de control y revisión de presupuesto que le atribuía al Estado”.