Si alguien creía que el caso Guantánamo estaba judicialmente muerto en España, deberá esperar a enterrarlo porque amaga con resucitar.

La querella por crímenes de guerra y de lesa humanidad presentada contra la cúpula del gobierno de George W. Bush por la creación del penal de Guantánamo, y contra los abogados que contribuyeron a legalizar prácticas de tortura, no sólo sigue viva –pese a los intentos de la fiscalía y la Embajada de Estados Unidos por darle carpetazo, según los cables de Wikileaks–, sino que se ha reactivado: dos providencias recientes –una de Pablo Ruz, el juez que sustituyó a Baltasar Garzón, y otra de Eloy Velasco– se interesan por el estado de las comisiones rogatorias enviadas a Estados Unidos, y la acusación del caso ante el juez que Ruz pidió ayer la declaración como imputado de Geoffrey Miller, el general que estuvo al frente del penal desde 2002 a 2004.

Además, dos organizaciones de defensa de derechos humanos pidieron a la Justicia española, que investiga presuntas torturas en la prisión estadounidense de Guantánamo, la comparecencia del general estadounidense Geoffrey Miller, encargado de ese centro.

El Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) con sede en Washington y el European Center for Constitutional and Human Rights (Ecchr) con sede en Berlín pidieron a un juez español “emitir una orden judicial de comparecencia para que se declare como imputado a Geoffrey Miller”, según la denuncia. Relacionan al general con “un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de su libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido”.

“Miller puso en práctica técnicas diseñadas para ‘ablandar’ a los detenidos, entre otras, impedirles conciliar el sueño, ampliarles los lapsos de aislamiento, forzarlos a permanecer de pie o acurrucados en ‘posiciones de extrema tensión’, desnudarlos a la fuerza y exponerlos a calor o frío extremos”, estiman.

Más tarde, en enero de 2003, el secretario estadounidense de Defensa, Donald Rumsfeld, “revocó la autorización que había otorgado para las técnicas más controvertidas, aunque bajo el mando del general Miller en Guantánamo, tales técnicas se siguieron usando en ciertos casos”, añaden.

En 2009, el juez español Baltasar Garzón inició una investigación sobre presuntas torturas en Guantánamo, tras una denuncia de cuatro ex presos de ese centro, entre ellos el español Hamed Abderraman Ahmed. La Justicia española puede juzgar hechos cometidos fuera de España en el marco de la jurisdicción universal si no se ha iniciado una investigación al respecto en otro país.

Por su parte, el presidente estadounidense Barack Obama promulgó ayer la ley de financiación 2011 para el Pentágono, pero expresó su decisión de cerrar la prisión militar de Guantánamo a pesar de las disposiciones introducidas por el Congreso que impiden de hecho tal operación. Las dos cámaras del Congreso habían aprobado el 23 de diciembre esta ley de 725.900 millones de dólares, tras varios meses de negociaciones, para el año fiscal que comenzó el 1º de octubre. Pero el texto incluye una medida que “prohíbe la utilización de fondos del Departamento de Defensa para construir o modificar locales en Estados Unidos para detenidos transferidos del centro de detención de Guantánamo”. La norma también impide financiar el traslado de prisioneros desde Guantánamo.

Ayer, en un comunicado, Obama estimó que tales disposiciones “representan un desafío sin precedentes y peligroso para la autoridad del Poder Ejecutivo de determinar cuándo y dónde los detenidos de Guantánamo deben ser juzgados”.