El presidente Barack Obama viajará hoy a Tucson para participar de un homenaje a los caídos en el tiroteo del sábado pasado. Mientras tanto, los demócratas presionan en el Capitolio para que se reintroduzca, al menos, un elemento de un paquete antiarmas que fue derogado durante la administración de George W. Bush. En el ataque de Tucson, la congresista Gabrielle Giffords resultó gravemente herida y otras seis personas murieron, incluido un juez federal.

Los médicos en el centro médico universitario informaron que le sacaron el respirador y estaba respirando por sí misma la congresista que días atrás recibió un balazo en la cabeza. Los especialistas remarcaron que no hubo ningún cambio significativo en su condición. Lo que sí cambia rápidamente es el panorama político a raíz de la masacre.

Obama aparecerá hoy en la Universidad de Arizona, en un evento que la institución llamó “Juntos creceremos: Tucson y los Estados Unidos”. Se espera que dé su discurso más largo sobre la matanza de Tucson, donde murieron seis personas y fueron heridas otras catorce. Como remarcó The Washington Post, hasta ahora el mandatario no se hizo eco de los dichos de los miembros de su partido, quienes denunciaron que el tiroteo fue la manifestación del tenso clima político que se respira –gracias a los republicanos– en ese estado sureño.

En Washington, el senador Frank Lautenberg y la representante Carolyn McCarthy, los dos demócratas, se estaban moviendo para presentar una prohibición a las armas con cargador como las que usó el sábado el presunto atacante, Jared Loughner. La pistola que tenía el hombre dispara 33 balas antes de una recarga. Ese tipo de recámaras había sido prohibido durante la presidencia del demócrata Bill Clinton.

Los lobbistas se estaban apurando para conseguirles apoyo a los legisladores, a pesar de que su propuesta tiene pocas chances en un Congreso republicano. “Frente a estos incidentes, el truco es moverse rápido”, dijo Kristen Rand, del Centro de Políticas sobre Violencia, que ofreció ayudar con el borrador.

McCarthy perdió a su marido en un tiroteo masivo en 1993, un evento que ayudó a que se aprobara entonces la prohibición de armas de asalto. “La única razón para llevar 33 balas en una recámara es tener la intención de matar a mucha gente muy rápido”, afirmó el senador Lautenberg. “Antes del 2004 este tipo de cargadores estaba prohibido y ahora debe hacerse lo mismo”, reclamó el legislador oficialista.

Arizona, Alaska y Vermont son los únicos estados donde fueron aprobadas leyes que consideran un derecho constitucional portar armas, lo que les facilita la adquisición a los residentes. Arizona aprobó una norma que permite portar un arma de fuego dentro de un bar, lo que causó gran polémica entre los que proponen restricciones en el uso de ese tipo de armas.

De acuerdo con informaciones vertidas desde el FBI, Jared Lee Loughner, de 22 años, utilizó una pistola semiautomática de 9 milímetros modelo Glock 19 durante el ataque. Según la investigación, el joven la compró el pasado 30 de noviembre en la tienda Sportsman’s Warehouse en Tucson y pagó por ella 550 dólares. Lo más preocupante es que Loughner cumplió con todos los requisitos establecidos por el gobierno federal y por el de Arizona para comprar una pistola.

Los padres del sospechoso, Randy y Amy Loughner, evitaron durante todos estos días a los medios, pero un vecino habló ayer por ambos. “Se sienten culpables por lo que pasó”, dijo Wayne Smith a una estación de televisiva de Tucson y contó que la madre del presunto atacante llora sin parar desde el sábado. “Quieren saber en qué fallaron. Yo les dije que no habían fallado. Le enseñaron sobre lo bueno y lo malo. Todos sabemos que uno puede enseñarle a otro todo y no tener control de cómo eso funciona”, concluyó.

El fiscal general de los Estados Unidos, Eric Holder, reconoció que existe una alarma cada vez más profunda entre los empleados públicos, ya que funcionarios revelaron que se incrementó el número de amenazas creíbles hechas contra miembros del Congreso. Por su parte, un grupo de alcaldes liderados por el neoyorquino Michael Bloomberg se reunió ayer en Manhattan para reclamar mayores controles a la hora de comprar armas y que las agencias estatales compartan un registro de antecedentes de los posibles compradores.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.