Desde Santiago

Antes de que el rescate de los 33 de Atacama fuese un tema mundial, el ministro de Minería, Laurence Golborne, no figuraba en ninguna de las encuestas políticas que en Chile son una constante mes a mes. Sin embargo, tras el exitoso proceso que logró sacar con vida a los mineros, el ex gerente general de Cencosud –matriz de Easy y Jumbo, entre otras– los eclipsó a todos en popularidad, muy por encima incluso de su jefe, el presidente Sebastián Piñera, que ha ido cayendo fuertemente en los sondeos. Con ese capital político, que lo tiene como carta casi segura para las presidenciales del 2014, Piñera lo nombró biministro, agregando a sus labores la cartera de Energía, ministerio que quedó acéfalo el pasado viernes, cuando a Ricardo Reineri se le solicitó dejar su cargo, luego de numerosos desaciertos en la denominada crisis del gas en la parte chilena de Tierra del Fuego.

Golborne aclaró de entrada que la solución debe “ser realista”, pues el alza del hidrocarburo de 16,8 por ciento decretada por el gobierno no puede retroceder a “reajuste cero”, dada la inflación de 2010.

Este escenario, marcado por el paro en las ciudades australes más importantes, bloqueos de caminos y aeropuertos, el reclamo de los turistas varados y un clima a ratos muy hostil, lo recibió ayer en Punta Arenas, la capital regional. Una vez que el helicóptero de la Fuerza Aérea Chilena tocó suelo fueguino, Golborne partió a reunirse con la mesa de diálogo, liderada por el obispo local, Bernardo Bastres, y secundada por gente del gobierno, legisladores, comunidad y alcaldes, con la misión de poner sobre el tapete la última propuesta del gobierno: subir el precio del gas en 3 por ciento por 10 meses, hasta que se apruebe una ley general de corto y largo plazo.

Sin embargo, la decisión de La Moneda, la noche anterior, de invocar la ley de seguridad del Estado contra los integrantes de la Asamblea Ciudadana –que coordina las manifestaciones– y contra los parlamentarios de la zona, fue otra de las tareas que Golborne tuvo que explicar, pues no cayó nada de bien y más bien exacerbó otra vez los ánimos.

“Es un absurdo, es como intentar apagar el fuego con bencina en vez de apaciguar los ánimos. Es evidente que nos ha puesto en un escenario tremendamente difícil. El gobierno ha cometido un error rotundo. Aquí hasta el momento ha habido una protesta pacífica en líneas generales, con alguna excepción para confirmar la regla”, indicó el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica.

Los reclamos a esta medida cruzaron transversalmente el espectro político chileno, pues no sólo la oposición sino que varios representantes del oficialismo la rechazaron. “Estas son las paradojas de una acción absolutamente carente de todo criterio de gestión política, lo que más necesita Magallanes en estos momentos es el diálogo”, sintetizó el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.

El anuncio del gobierno de que presentará querellas a los responsables de desmanes y del bloqueo de las rutas en el marco de la ley de seguridad interior del Estado –tal como ha sucedido, por ejemplo, con algunos dirigentes mapuches, en el conflicto de esa etnia con la autoridad– fue otra piedra de tope.

Dicha ley obliga a los tribunales a aplicar las sanciones más duras contempladas para cada delito. De acuerdo con el balance entregado por Carabineros, la noche del domingo se registraron 12 detenidos por desórdenes y dos por maltrato a la policía.

A eso de las 20.30 de la noche (misma hora que Argentina), el diputado Miodrag Marinovic dio una luz de esperanza al publicar en su cuenta de Twitter que “habría acuerdo”. Los trascendidos decían que el gobierno accedía a no subir las cuentas del gas para los consumos de hasta dos mil metros cúbicos, situación que se mantendría por 10 meses, mientras se trabaja en un proyecto de ley sobre la fijación tarifaria.

Un ahora después, se supo que los alcaldes se bajaron de la mesa de diálogo, molestos porque su petición de otorgar subsidios a las familias de menos recursos no fue bien recibida por la Asamblea, que apuesta a no aumentar el valor del hidrocarburo.

Pablo Hernández, vocero de la Asamblea, dijo que a pesar de lo avanzado en las negociaciones con las autoridades, se debió tomar la drástica medida en vista de que los alcaldes de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, y de Puerto Natales, Fernando Paredes, estudiaban “propuestas paralelas a la nuestra. Lamentablemente por esa situación el diálogo se entorpeció”, dijo Hernández a la salida de la cita que lideraba el biministro Golborne, que anotó su primer revés en el sur.

Al cierre de esta edición, y sin tener certeza de a qué hora se retomarían las conversaciones, el paro continuaba con los ya conocidos trastornos para la movilización de residentes y turistas.

De hecho, el gobierno de Cristina Fernández pidió a la Cancillería chilena que “se arbitren los medios para el restablecimiento del acceso y la salida a la isla de Tierra del Fuego”. Debe tenerse en cuenta la importancia fundamental que tiene desbloquear el único paso de comunicación terrestre de la isla con el continente para la circulación de personas, camiones y mercancías”, destacó la Cancillería argentina.

El domingo, el gobierno argentino logró evacuar de la ciudad de Punta Arenas a 250 argentinos por vía terrestre y a otros 113 con dos aviones de la Fuerza Aérea, que permanecían varados por la protesta.