Desde Santiago

Fueron siete días donde hubo de todo. La decisión del gobierno de Sebastián Piñera de subir el valor del gas a 16,8 por ciento en Magallanes, la región más austral de Chile, generó masivas protestas de la ciudadanía que incluyeron dos muertes, la caída del ministro de Energía, el cierre del comercio, saqueos, cortes de caminos, aeropuertos tomados, molestia en los turistas, la invocación de la polémica Ley de Seguridad del Estado y el nombramiento de Laurence Golborne –el ministro estrella del gabinete– como biministro con la tarea de acabar con el conflicto.

Por ello, el acuerdo firmado la tarde de ayer en Punta Arenas entre el gobierno y la Asamblea Ciudadana fue celebrado como un triunfo por los magallánicos que llegaron a la principal plaza de la ciudad a festejar el regreso de la normalidad y el que se revirtiera una decisión del gobierno central –respaldada técnicamente por la estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), donde Golborne es director– calificada en su momento como inamovible por La Moneda.

El pacto incluyó medidas inmediatas y fijó para marzo el inicio de una mesa de trabajo transversal que deberá aplicar criterios –con sustento democrático– para estabilizar la tarificación del hidrocarburo. Además se contempló aplicar un reajuste de 3 por ciento (igual al IPC) a partir del 1º de febrero, lo que se compensará con subsidios que beneficiarán a 18 mil familias de los sectores más vulnerables. Junto a ello, el gobierno pondrá suma urgencia a la iniciativa legal que emane de esa instancia y aseguró que trabajará para que el proyecto esté operativo antes del 30 de septiembre de 2011, día en que caducan los subsidios adicionales. Razones para celebrar había. Piñera y el ahora biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne –el mismo que se hizo famoso con el rescate de los 33 mineros de Atacama– también celebraron.

Y, aunque Golborne se restó méritos en esta tarea, está claro que su capacidad de gestión y el aparecer otra vez como la figura que arregla una crisis de carácter nacional elevará sus bonos a alturas insospechadas, pavimentando todavía más su camino a La Moneda en 2014, sendero que comenzó a forjar cuando el último minero salió con vida de la mina San José hace algunos meses. “No tengo elementos personales en el tema, trabajo bajo el término del mandato que me ha dado el presidente Sebastián Piñera, con esa directriz hemos podido llegar a un acuerdo, esto ha sido un trabajo del propio gobierno, por lo tanto, no hay trabajos personales”, dijo el biministro.

No obstante, la idea de que la posta en las próximas elecciones presidenciales la tome Golborne seduce a muchos. El diputado del oficialista partido UDI, Alejandro García-Huidobro, destacó su “liderazgo”. “El se ha propuesto como meta trabajar con la gente, formar equipos, hacer ver los pro y los contra de las situaciones que se enfrentan y llegar a acuerdos. Hoy, a dos días de su designación como biministro, logró un buen acuerdo para solucionar el conflicto, en sólo dos días, lo vimos dispuesto al diálogo y poner fin a las protestas.”

Desde la otra vereda, el presidente del Partido Socialista y vocero de la Concertación, Osvaldo Andrade, cuestionó su labor, pues a su juicio es uno de los responsables de la crisis del gas. Sus dichos apuntan a que, en noviembre pasado, los ministros Laurence Golborne y Ricardo Raineri (en ese momento de Energía), propusieron a Piñera terminar con el subsidio al gas en la región, además de un masivo plan de retiro voluntario.

El senador socialista Pedro Muñoz fue más tajante al declarar que “el acuerdo significa una clara derrota para el gobierno cuya tozudez, arrogancia y prepotencia dilataron innecesariamente la resolución del conflicto. El ministro Golborne debió venir a borrar con el codo lo que firmó en el directorio de ENAP”, dijo.

En Santiago, a miles de kilómetros de ahí, el presidente Piñera agradeció y felicitó las gestiones realizadas por Golborne y la labor del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, este último criticado por invocar la Ley de Seguridad del Estado en la zona, norma que endurece las penas de aquellos que sean encontrados culpables de provocar desmanes.

El propio Hinzpeter dijo que “cuando los países logran solucionar los problemas, la peor forma de enfrentar esa solución es pensando a quién se le dobló la mano. A pocas horas de que se invocara la Ley de Seguridad del Estado, hemos conseguido un acuerdo. La verdad es que ello demuestra que no es incompatible, para nada, el diálogo y el respeto por los derechos de quienes no participaban en las protestas”, sostuvo.

Sus palabras no cayeron nada bien en las redes sociales, donde su decisión generó polémica, al igual que en las diferentes coaliciones políticas, incluso del oficialismo, que nunca vieron con buenos ojos la aplicación de la mencionada ley que varios dolores de cabeza trajo al gobierno, por ejemplo, con el conflicto mapuche a fines del año pasado.