Desde Medellín

Al norte de Colombia, en un pedazo del Caribe, está San Bernardo del Viento. La gente, morocha por la inclemencia del sol, es casi toda pobre y vive en pequeñas casas de madera construidas sobre la tierra o la arena de la playa. Se vive de la pesca y a comienzos de año también del turismo. Por eso llegaron hasta allí Mateo Matamala y Margarita Gómez, hoy muestra de que la guerra colombiana, lejos de acabarse con la seguridad democrática de Uribe, recrudece en zonas como ésta, donde las mismas estructuras “paras” y los herederos de los capos asesinados o extraditados a Estados Unidos continúan la lucha por las rutas narco, los laboratorios de coca y el dominio territorial.

El 10 de enero, Mateo y Margarita fueron asesinados con una nueve milímetros cuando fotografiaban animales durante su paseo. Recibieron ocho disparos propiciados por, según sospecha la policía, una banda criminal o “bacrim”. Es decir, los paramilitares que no se desmovilizaron, los que abandonaron el proceso “de paz” o los que, después de 2006 cuando empezó el regreso a la legalidad de este ejército de ultraderecha, se unieron a los ejércitos que continuaron el terror en lugares apartados como San Bernardo del Viento, distante 900 kilómetros de la capital Bogotá. Este diminuto pueblo, donde por estos días reinan el miedo y la zozobra, está en la provincia de Córdoba, tierras también ardientes donde los “paras”, después de Medellín y Antioquia, tuvieron su cuna en la década de los ochenta.

Esta semana, después de que el presidente Juan Manuel Santos ofreció 250 mil dólares de recompensa por el responsable del homicidio de Mateo y Margarita, la ONU manifestó su preocupación por la que sería la nueva etapa de la violencia paramilitar en Colombia. Al delegado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, le llama la atención que esas organizaciones surgieron “después del proceso de desmovilización” de las autodefensas, como también se conoce a los “paras”. Y algunas ONG, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, aseguran que “la idea de que el paramilitarismo es ‘cosa del pasado’ (...) es ya insostenible”, como afirma en un comunicado de prensa de enero. Según la Codhes, las “bacrim” asesinaron a 600 personas en 2010 y a otras 45 en lo que va de 2011 en la provincia de Córdoba. A la policía la suma le da apenas 28.

Bacrim es el nombre que les dio el gobierno de Uribe que, para evitar nombrar a los paramilitares, acuñó este término a cuanta masacre y homicidio, con responsables distintos a la guerrilla, es cometida en el país. En Córdoba, apenas la primera semana de este año, fueron asesinados el profesor Esteban Tejada, el escultor y pintor Rubén Darío García, y los campesinos Jaime Luis Acosta, Vladimir Guillén, John Mercado y Carlos Alfredo Mercado. La noticia de su muerte les llegó a los familiares en la voz de otro ejército, el de Colombia, que junto con la policía hace escasa presencia en zonas como San Bernardo del Viento y llegan a apartados rincones sólo ante el anuncio de la muerte.

“A su hija y al muchacho los ultimaron”, dijo un hombre a la madre de Margarita desde el celular de la joven, que, de 23 años, estaba a punto de graduarse de bióloga en una prestigiosa universidad bogotana. Su novio, compañero de estudio, de 27 años, llegó a San Bernardo para cuidar un manatí como parte de una investigación académica que le daría también su título universitario. “Mamá, te mando un beso. Mañana nos movemos y te llamo”, escribió en mensaje de texto celular el 9 de enero. Amándose cada día, como le contó en vísperas de su muerte la chica a su madre, los universitarios fueron acribillados. En el camino, lleno de polvo y sangre, quedaron las ojotas negras y blancas de la pareja, una cámara de video, una mochila y una computadora. ¿Por qué? Las autoridades especulan que los jóvenes fueron confundidos con espías de un bando enemigo.

Hoy, la policía acusa a la banda Los Urabeños del crimen que conmociona a la sociedad colombiana, y está tras la pista de Roberto Vargas, alias Gavilán, quien fuera sicario de Salvatore Mancuso, hoy está encarcelado en Estados Unidos. Otro capo, alias Don Mario, continuó la organización desde la cárcel con nombres como Los Rastrojos o Los Paisas, con quienes Los Urabeños disputan el dominio por la cocaína que sale del país en lujosas lanchas hacia Panamá.