Desde Medellín

A seis llegó el número de secuestrados liberados por las FARC en la última semana, luego de que el policía Guillermo Solórzano y el cabo del ejército Salín Sanmiguel fueran entregados ayer a una comisión humanitaria. Esta vez, contrariamente al fallido intento de sacarlos de la selva el fin de semana, “todo funcionó tal cual como lo habíamos planeado”, según le dijo a este diario María Cristina Rivera, vocera del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr). Al caer la noche, Guillermo y Salín se abrazaron con sus familias en la base militar de Catam, en Bogotá, a donde los llevó un avión que abordaron en Cali, donde por primera vez se los vio en libertad. Allí, los dos hombres se sacaron las remeras de civil y las cambiaron por sus uniformes de policía y militar, rumbo a la capital.

Guillermo y Salín fueron encontrados en el sur del país, “en una zona rural entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca”, explicó Rivera a Página/12, agradeciendo al gobierno de Brasil, que facilitó un par de helicópteros Cougar y tripulación para adentrarse en la selva, y a “todas las partes que cumplieron con lo que habían prometido”. El exitoso operativo se vio frustrado el domingo, cuando el helicóptero voló hacia Tolima (sur) sin hallar a los uniformados en el sitio de las coordenadas informadas por las FARC a Piedad Córdoba, ex senadora liberal que hace las veces de mediadora en estas llamadas liberaciones unilaterales.

Al fin, anoche los ex rehenes se reunieron con sus familias. “Volví a nacer”, dijo Mercedes Valderrama, madre del cabo Salín Antonio Sanmiguel, al conocer que esta vez su hijo sí estaba en el punto de las coordenadas. Sanmiguel fue tomado como rehén en mayo de 2008, durante un ataque de la guerrilla al municipio de El Tambo, en Tolima, donde cinco de sus compañeros murieron. Guillermo Solórzano pasó tres años y ocho meses de secuestro, después de que las FARC se lo llevaran junto a dos civiles y sólo los dos últimos fueran dejados en libertad.

Sus liberaciones completan un grupo de seis secuestrados que los guerrilleros entregaron desde el 9 de febrero a la comisión humanitaria: los políticos Marcos Baquero y Armando Acuña; el infante de Marina Henry López, y el patrullero de la policía Carlos Ocampo. Se trataba de una promesa realizada en diciembre pasado en gesto de “desagravio” a Piedad Córdoba, quien perdió su curul en el Congreso por investigaciones de la Procuraduría que la acusan de tener nexos ilegales con los rebeldes. Para ellos se trata de un “gesto humanitario” que por cierto se interpretó como el comienzo de una salida negociada a la guerra que vive el país desde hace cincuenta años. Otros, como el presidente Juan Manuel Santos, sospechan que los guerrilleros pudieron aprovechar el cese de actividades militares para cambiar de lugar los anillos de seguridad de Alfonso Cano, máximo líder de la guerrilla.

En los aeropuertos de Cali y Bogotá la prensa local e internacional quedó a la espera de declaraciones de los uniformados liberados. Centenares de periodistas fueron retenidos en una sala del aeropuerto militar de la capital, mientras el avión con los recién liberados aterrizaba. Sería, aparentemente, una decisión del gobierno para mermar el show mediático que levantan estas escenas y que, a juicio de muchos, son utilizadas por las FARC para ganar protagonismo. Por los secuestros y ataques armados que ocurrieron al mismo tiempo de las liberaciones, a las FARC les llovieron críticas del gobierno local y la Unión Europea. “El secuestro el 10 de febrero de dos trabajadores en el departamento del Cauca es una clara contradicción con el espíritu humanitario que, según las FARC, está detrás de estas liberaciones”, expresó Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, en un comunicado. Anoche, al tiempo que el país celebraba la libertad, se conoció que las FARC asesinaron a policías mientras distribuían cuadernos y lápices a niños desplazados en la provincia de Chocó.