La presidenta Dilma Rousseff superó una prueba de fuego después de que la Cámara de Diputados votara a favor del proyecto de salario mínimo, pero aún falta que se pronuncie el Senado. La iniciativa oficial, que es resistida por las centrales obreras brasileñas, cosechó más votos del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que del propio Partido de los Trabajadores (PT).

Los dirigentes del principal aliado del gobierno brasileño le hicieron saber a la mandataria que gran parte del éxito les pertenece. “Nuestros 77 diputados, el ciento por ciento del bloque votó a favor del proyecto de Dilma”, remarcó el jefe del bloque del PMDB, Henrique Eduardo Alves, refiriéndose a la iniciativa que fue aprobada a última hora del miércoles. Otro de los que festejó la resolución fue el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, que también integra el PMDB. “Dilma quedó muy satisfecha. Evaluó que fue una demostración de cohesión y fuerza política”, dijo.

Según analistas locales, ésta fue la primera vez que el PMDB demuestra su poder en bloque y esto le serviría para ir ganando puestos de comando en las empresas públicas. En cambio, en el PT se sintió la tensa disputa que protagonizan el gobierno y las centrales sindicales. Por eso, el apoyo no fue homogéneo. El bloque del PT tuvo un 88,24 por ciento de fidelidad a la presidenta.

La cuota cómica de la jornada la aportó el payaso analfabeto Tiririca, el diputado que más votos recogió en las pasadas elecciones. “Yo voté la propuesta del gobierno”, se alegró el representante del Partido de la República (PR), aliado al PT. Pero la alegría de su primera votación le duró poco. Pronto se enteró de que su nombre figuraba entre quienes habían de-sestimado el proyecto. “Ay, entonces yo voté ‘no’ y salió ‘sí’”, se sorprendió.

De todas formas, el oficialismo aún deberá esperar hasta el próximo miércoles para cantar victoria, cuando el Senado evalúe el proyecto. “El gobierno busca convertir en ley una política de consolidación del salario mínimo hasta 2015 y mantenerla en el tiempo hasta 2023”, adelantó el jefe del bloque de la coalición oficialista, Cándido Vaccarezza, cuando defendió la iniciativa en Diputados. La propuesta del gobierno se basa en el acuerdo que en 2007 firmó el gobierno de Lula con las centrales sindicales, que establece que el reajuste del salario mínimo debe realizarse en base a la inflación del año anterior y al Producto Bruto Interno (PBI) de dos años antes. El salario mínimo, que es tomado como referencia por unas 40 millones de personas, fue fijado para 2011 en 545 reales (326 dólares), contra las aspiraciones de las centrales sindicales, que reclamaban 580 reales (347 dólares).